En una rueda de prensa desarrollada en el municipio de Ciénaga voceros y jurídicos de las entidades “Corporación Sol Caribe y de la Fundación Amor y Protección para la Infancia”, señaladas de presuntos actos de colusión y corrupción en temas relacionados con la contratación del ICBF salieron a la defensa de los procesos desarrollados por parte de estas dos entidades, donde expusieron argumentos que demostrarían que los señalamientos que se han expresado en su contra carecerían de veracidad.
La parte jurídica de la defensa de estas dos entidades a cargo del abogado Juan Pablo Mendoza, señaló que ciertamente existe una controversia jurídica, pero expresó que como respetuosos de las instituciones, se han venido adelantando las acciones correspondientes y esperan que quien tenga la competencia dirima este tipo de controversias.
Entre tanto el periodista y docente, Camilo Munive Aya, quien ha sido señalado de estar al frente de estos procesos dijo que, aunque él no es el representante legal de ninguna de esas entidades, no puede desconocer que tiene vocería en las decisiones que ahí se toman.
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Las entidades se presentaron por separado en el proceso de contratación convocado por el ICBF para los programas de atención de la primera infancia, y dijo que tiene la certeza que todos los procesos se han llevado a cabo con apego a la ley.
“Estas entidades con las que me relacionan y cuyos vínculos yo jamás he pretendido desconocer, en las cuales participo como asesor y consultor, han tenido un desempeño intachable durante muchos años, en los cuales no se ha tenido ninguna denuncia o contravención que vayan más allá de alguna controversia que suelen ser propias de la ejecución de este tipo de contratos; y que lo que está sucediendo obedece a retaliaciones producto de algunas denuncias que estas entidades han hecho respecto a que muchas otras fundaciones -precisamente las que están detrás de las denuncias- están en lo que se ha denominado como el cartel de las experiencias falsas”, dijo.
Señaló el vocero de las entidades que todo proviene porque desde el año 2021 ha sido él quien se ha caracterizado por denunciar a otras entidades que se presentan ante las convocatorias del ICBF con experiencias falsas, cuyas denuncias han desembocado en que a esas fundaciones les hayan quitado algunos contratos que ya tenían adjudicados; y por eso proceden con mentiras y falacias.
“Pueden investigar en los archivos del ICBF y se encontrarán que no existe un solo caso de niño o niña que hayan fallecido por causas asociadas a la desnutrición y que pertenecieran a estas entidades, lo cual indica que no se le puede atribuir circunstancias de esta índole”, afirmó.
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En la rueda de prensa Camilo Munive Aya señaló que “estos dos operadores pueden documentar que -contrario a lo que se les podría señalar a otros operadores- cuando las unidades de servicio donde se atiende a los niños presentan baja cobertura, la entidad en asocio con el ICBF en un comité técnico definen los descuentos que se deban hacer ante lo no prestación del servicio a un número indeterminado de niños, por lo cual esos recursos son devueltos a las arcas del ICBF; y no sucede como se está pretendiendo señalar que los operadores - por lo menos estos no- se quedan con los recuerdos de niños que no son atendidos”.
Sobre los señalamientos en el sentido de que esta persona sería quien siempre se queda con un mayor número de contratos del ICBF, precisó que tampoco ello obedece a la verdad, porque son muy pocos los contratos que cada año operan; y los pocos que se han ganado obedece a que cumplen con las exigencias del ICBF y que además les ha tocado una lucha frontal con algunos de los otros operadores que se presentan año tras año con experiencias falsas.
¿Hay conclusión y
corrupción?
Por su parte el abogado de las dos entidades, Juan Pablo mendoza sobre los señalamientos de colusión y corrupción explicó que, desde su punto de vista los funcionarios del equipo de evaluación del ICBF fueron confundidos y conducidos al error, cuando se dejaron de tener en cuenta los argumentos que como defensa han esgrimido las dos entidades que representa.
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“El señor Rafael Herrera Aya ciertamente estuvo en la junta directiva de la corporación sol Caribe, pero -tal como está documentado en el proceso que es público en el Secop- esta persona renunció de su cargo como fiscal de la junta directiva con fecha de 5 de diciembre del año 2023, ese mismo día le fue aceptada la renuncia, tras lo cual cesaron sus acciones y decisiones al interior de esa junta, luego se procedió a registrar la renuncia ante la cámara de comercio; eso sí, con cierta demora, pero en todo caso antes del cierre de la oferta, sin dejar de precisar que existen suficientes argumentos jurídicos que estaremos defendiendo, donde la altas cortes, la cámara de comercio y la súper intendencia son claros al decir que solo en los casos de los cargos como el representante legal y el revisor fiscal, sí y solo sí el acto debe quedar registrado y en firme ante la cámara de comercio, pero si se trata de otros miembros de la junta directiva (como es el caso del señor Herrera Aya) con la sola renuncia ante el organismo interno de la entidad (en este caso de la corporación sol Caribe) se da por surtido el cambio; y el trámite ante la cámara de comercio se asume como un formalismo que tiene que ver más con la necesidad de darle publicidad al cambio”.
