Algunos errores históricamente han sido sólidamente sustentados en certezas morales o científicas o ambas, sustentos que a la postre han resultado falsos. Solo cuando se ha reconocido lo equivocado de esas certezas, es que se ha podido reparar en algo el daño causado. Para citar solo un ejemplo, pensemos en la esclavitud de los africanos a manos de los europeos porque no eran humanos.
Guardando las proporciones, la fijación del salario mínimo es uno de estos escenarios injustos sustentado en certezas equivocadas que necesitan corrección. La metodología que se emplea, tal vez era la mejor disponible hace una década, pero hoy la tecnología nos brinda herramientas que nos permiten hacer una valoración técnicamente más acertada y socialmente mucho más justa.
El factor de más peso en la fijación del salario mínimo es la inflación anualizada. Equivocadamente se utiliza un promedio nacional y con base en este se fija el aumento del salario mínimo. El problema radica en que realmente la inflación es diferente según las regiones y las ciudades. Para comenzar, debería haber distintas canastas familiares.
La canasta familiar en Montería o en Quibdó, es muy diferente a la de Bogotá o Villavicencio. Consecuentemente, la inflación es diferente para cada ciudad y región. De hecho las mediciones del Dane, así lo muestran cuando comparan costos por ciudad. Si esto es cierto, entonces no tiene sentido fijar aumento de salario nacional.
Al hacerlo de esta manera, si la inflación de una ciudad es más alta que el promedio, el aumento del salario mínimo, tiene el efecto perverso de menoscabar la capacidad adquisitiva de esos empleados. La aplicación de esta fórmula año tras año empobrece a los habitantes de esta ciudad y termina agrandando brechas socioeconómicas.
Lo opuesto también es cierto. Si la inflación de una ciudad es más baja que el promedio, entonces el aumento porcentual del salario mínimo mejora la capacidad adquisitiva de los habitantes de esa ciudad. En el argot común este fenómeno se reconoce cuando se dice, por ejemplo, que Bogotá es más cara que Montería.
Para eliminar esta distorsión técnica con serias consecuencias sociales, la medición y las políticas consecuentes deben ser diferenciadas hasta donde sea razonable. Debemos tener canastas familiares según la región, lo que a su vez debe arrojar índices de inflación diferentes, los cuales deben ser las bases para fijar los aumentos salariales. Es decir, el aumento del salario deber ser diferente por regiones o ciudades o lo que se decida, según la inflación especifica de ese territorio.
La injusticia de la fórmula actual conlleva al desgaste innecesario de la negociación anual del aumento del salario mínimo. Tengo la impresión de que ni los empresarios ni el gobierno ni los sindicatos, realmente entienden cual es el problema ni cómo resolverlo de forma efectiva. Una aproximación diferenciada y específica, como la propuesta, debería ser suficiente para que la fijación del salario sea un proceso automático exento de polémicas y pujas. Pero quizás el efecto más importante sería cambiar el foco de los empresarios y sindicatos, hoy obsesionados con los costos de producción, y enfocarse en productividad de los empleados.
Si queremos lograr una transformación productiva, o incluso si no la queremos, el tema relevante es como lograr que el trabajador colombiano sea altamente productivo manteniendo altos estándares de calidad. Bajo este paradigma, la discusión salarial es secundaria. El salario solo es un problema cuando la productividad del trabajador es baja.
Desde el punto de vista de política pública, el tema es como lograr la mezcla idónea de tecnología y mano de obra que permita alcanzar la visión país. Las metodologías utilizadas por el Dane necesitan una revisión seria y ser adaptadas para eliminar las distorsiones que genera.
