Los hechos narrados en la siguiente noticia aparecida el domingo pasado en Santa Marta, son de esos que ponen a pensar mucho sobre el país que tenemos, las leyes que nos regulan y la manera de aplicarlas. Transcribo textualmente la noticia, titulada "Capturadas cinco personas por explotación ilícita de yacimiento minero" (Judiciales):
"Efectivos de la Policía Mesan, lograron capturar a cinco personas por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero. Los detenidos responden a los nombres de (…).La captura de estas personas la realizó el personal de la Unidad Investigativa Delitos Contra el Medio Ambiente, Recursos Renovables y No Renovables, adscrita a la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana (Sijín) de Santa Marta, lograron la desarticulación de una organización delincuencial dedicada a la explotación ilícita de yacimiento mineros y otros materiales, en el sector de la Troncal del Caribe kilómetro tres, a orillas del río Manzanares, jurisdicción de la ciudad de Santa Marta.
Estas personas fueron capturadas en flagrancia cuando extraían de manera ilegal arena en gran cantidad del río Manzanares, sin tener conciencia sobre el daño ecológico y natural que se causa al extraer dicho mineral, ya que ocasiona la erosión de dicho afluente y puede causar daños irreversibles en un futuro. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Primera Seccional URI (El Informador, Santa Marta, 17 de febrero de 2013).
Ya el lector habrá notado la paradoja: Mientras estos hechos sucedían y los medios los registraban, estaba en apogeo -como aún lo está- el escándalo sobre el derrame de cientos de toneladas de carbón al mar desde una barcaza de la Drummond y sobre el pésimo manejo que el Estado ha dado a las deficientes políticas de protección de nuestros mares y costas.
Ni más faltaba cuestionar que a las cinco personas que extraían arena se les aplique con rigor la ley en caso de haber violado las normas de protección al medio ambiente, como al parecer sucedió y lo sentenciarán finalmente los jueces, pero es imposible no contrastar la acción del Estado en este caso con la del caso Drummond.
Acá no estoy clamando por cárcel para los responsables del evidente y público daño continuado por la contaminación de carbón, eso lo dirán los organismos de justicia y, además, soy de quienes creen que no todo se arregla con cárcel. Tampoco estoy pidiendo que dejen en libertad a los cinco areneros, siempre y cuando su captura haya sido conforme a los procedimientos legales, como creo fue porque siempre presumo el buen actuar de la Policía y demás autoridades. Sin embargo, repito, es más que notoria la diferencia del trato en ambos eventos.
Este tipo de contrastes no son nuevos, y en Colombia los calificamos con un dicho muy conocido: "La ley es para los de ruana".
En caso de haberse enterado en el acto y tener los medios para ello, ¿hubiera ido la Policía a capturar a quienes estaban derramando el carbón el pasado 13 de enero, o en general a quienes a la vista de todos en las minas, durante el transporte y en el momento del embarque derraman y esparcen carbón en agua, tierra y aire? Tienen licencia, sí, pero si extraen, transportan y embarcan el mineral violando las leyes, pese a la licencia pueden estar cometiendo un delito, y en flagrancia si son pillados como en el caso de los humildes areneros, delito que por supuesto deberá tener un debido proceso y cuya calificación final deben dar los jueces.
No culpo a la Policía ni a la Fiscalía por cumplir su deber en el caso de quienes extraían arena, es lo que deben hacer siempre, y más injusto sería culpar a los medios de comunicación que dieron la noticia al lado de otras relacionadas con el daño que causa el carbón, ni más faltaba; solo resalto en qué país vivimos… ¡Ay Colombialma!