Según el reciente reporte del Banco de la República sobre la situación del crédito en Colombia, los sectores económicos que ofrecen las mejores condiciones de crédito por rentabilidad siguen siendo la industria, servicios, comercio, comunicaciones e importadores.
Con esta afirmación, se demuestra una vez más que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, presidida por el ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo e integrada por Francisco Estupiñan (presidente del Banco Agrario), Rafael Mejia (presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia), José Darío Uribe (Gerente del Banco de la República) y Mauricio Santa María (Director del DNP), no está haciendo bien la tarea que les fue encomendada por el Presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de impulsar el financiamiento de esta locomotora de la economía de nuestro país.
Ellos, como responsables de la política de crédito del sector agropecuario tienen el deber de implementar nuevos esquemas de financiamientos que remplace la ineficiencia y ridícula irrigación de recursos de crédito que el Banco Agrario está ofreciendo a los productores del campo. Además deben impulsar nuevos productos financieros que motiven a los bancos privados y compañías de financiamiento, colocar mayores recursos de crédito al sector agro-industrial.
Es una vergüenza para el Gobierno del presidente Santos, que el Banco Agrario, cuyo objeto principal es financiar las actividades del sector agropecuario, tenga mas de 9.3 billones de pesos invertidos en TES y otros títulos, mientras que Finagro se ha quedado ilíquido sin poder fondear los recursos de crédito que demanda el sector para sus inversiones. Su cartera en el mercado escasamente llega a unos 6.5 billones de pesos, frente a 44 billones que tiene Bancolombia, una entidad de igual tamaño.
Si no fuera por la gestión de Finagro y la importante participación que ha tenido la banca privada en el financiamiento del sector agropecuario, esta locomotora estuviera andando, pero en reversa. De los 3.9 billones de pesos que se han prestado al cierre de agosto, los privados colocaron el 61% y el Banco Agrario el 39% restante. Mientras la banca privada ha tenido un crecimiento del 21% respecto al mismo periodo del año pasado, el Banco Agrario escasamente alcanza un crecimiento del 7%, en sus colocaciones.
Lo mas injusto de este sistema de crédito agropecuario, es que mientras a la banca privada se le obliga invertir (de sus recursos propios) unos 5 billones de pesos anuales en unos Títulos de Desarrollo Agropecuario en Finagro, el Banco Agrario no invierte un solo peso de sus 9 billones que tiene en su portafolio. Los créditos que ellos otorgan a los productores del campo, son con recursos redescontados por Finagro, que provienen de la banca privada.
Lo más descarado y perverso de esta practica, es que obligan a los campesinos a tomar una garantía del Fondo Agropecuario de Garantías -FAG-, cobrándoles una comisión por adelantado, lo cual encarece aun mas el crédito. Ello, sin contar con el costo de un trámite que demora alrededor de cuatro meses y el control de inversiones.
En microcrédito están cobrando tasas de usuras que superan un interés del 40% anual, cuando podrían otorgar esos préstamos a través de créditos de fomento, cuya tasa de interés no supera el 11% efectivo anual. Así no hay campo ni campesino que progrese.
Los buenos clientes por rentabilidad abundan en el campo, los malos son otros.