El Sistema Penal Acusatorio

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Alfonso Lopez Carrascal

Alfonso Lopez Carrascal

Columna: Pedagogía Constitucional

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William T. Pizzi es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado y ha hecho serias críticas al sistema penal norteamericano que según la maquinaria mediática se considera el mejor del mundo y cada día copiado. Acusa al sistema de un legalismo formalista. Señala el profesor Pizzi en su obra Juicios y mentiras.

Se recuerda que bajo la presencia del magistrado Earl Waren (década de los 50 a los 70) se hicieron importantes reformas al sistema procesal penal norteamericano, pero siempre respetando la institución del jurado a la que hemos tenido miedo en Colombia, no obstante, la reforma constitucional del Art. 116. Se dice que desde los años 70 a hoy no ha habido mayores reformas permaneciendo en status quo. El profesor Pizzi es uno de los norteamericanos que mejor ha hecho su oposición a dicho sistema, materia que antes era indiscutible.

Lo que quiere este autor es que el sistema no se convierta en una farsa y no se restrinjan las garantías. Y anota que ese legalismo formulista es lo que lleva a la negociación. Pizzielogia que hoy el sistema norteamericano, permite que imputados por delitos de bagatela no tengan que estar en prisión esperando un juicio y por el contrario elogia el papel que viene jugando la jurisprudencia de la Corte Suprema en reforzar un sistema garantista, en que primero se investigue y allí llama la atención de la Policía Judicial por los actos de investigación que debe llevar a cabo en el respeto por los derechos. Muchas son las rupturas de las sentencias de la Corte, con los precedentes. Critica que haya una obsesión por las reglas, como si fuera un partido de fútbol.

Hoy en los Estados Unidos dice el profesor Pizzi, un juicio teatralmente preparado u oficiado para que pueda haber retransmisión como si fuera partido de fútbol. El juez no deja de ser un árbitro que aplica las reglas del juicio. Se muestra partidario de que la pena de muerte o la cadena perpetua, como también el establecer penas duras en materia de drogas afirma que eso no resuelve nada porque no disuade, sino que debe haber la certeza de que el delincuente será atrapado, condenado y castigado como merece.

Y le llama la atención a la Policía Judicial entre distinguir entre sospecha razonable y causa probable, ya que una corazonada no puede ser la línea de diferencia, ya que el sistema le ha dado a la Policía Judicial la obligación de hacer los actos de investigación y por ejemplo en el caso colombiano la Policía Judicial depende de un mando militar o civil, pero no directamente de la Fiscalía y conformada por personas que no son abogados en su mayoría.

Anota que si bien el sistema es adversarial no quiere decir que sea un duelo o enfrentamiento a dos. Critica también que algunos policías en Estados Unidos acudan a la prueba falsa para acusar (falsos positivos); critica algo que también está sucediendo en Colombia, que la policía judicial se esmera en buscar pruebas de acusación y dejar de ser integrales. Él señala que la investigación debe ser integral, tanto lo favorable como lo desfavorable y cuando tenga esa información completa y en procura de la verdad, se le informe al fiscal.

El que acusa es el fiscal cuando haya elementos probatorios, pero no la Policía y no se pueden confundir esas funciones. Aboga también porque el sospechoso o imputado sea interrogado previamente dentro de los actos de investigación de la Policía Judicial. Anota que el juicio comienza con la comisión del delito y por tanto no debe haber secreto en los actos de investigación que lleva cabo la Policía Judicial para impedir por la defensa que ingresen pruebas irregulares al proceso mismo y sea un filtro a la iniciación del juicio.

El autor, para concluir espeta la siguiente pregunta: ¿Quién respeta el sistema, la Policía Judicial?¿ Las víctimas? ¿Los acusados? ¿Los abogados y los jueces? El legalismo formulista no lo sabe adoptar ni allá ni acá a la conducta y estudio que exige el sistema, y que en Colombia exige de reformas adecuadas a nuestra cultura jurídica.

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