Pienso que en el tema sanitario en Colombia es necesario partir de premisas básicas. La primera es que la salud es, o debería ser, un derecho ciudadano garantizado por el estado. Y segundo, es un buen negocio porque se refleja en una mayor productividad agregada de la economía y en un mayor bienestar común.
La propuesta de reforma a la salud gira exclusivamente alrededor de un componente que tiene menor incidencia en la salud de la población. Se dice que el cuidado médico-hospitalario solo aporta entre el 10% y 20% del bienestar individual. El resto la aportan otros factores, como por ejemplo, zona geográfica donde se vive, dieta, hábitos de vida, nivel educativo, genética, entorno familiar y social e infraestructura.
La discusión política sobre ese componente menor gira en torno a posiciones ideológicas que según la orilla o bien dan preeminencia al acceso equitativo o bien se la dan al tema eficiencia del sistema. Se ha dicho hasta la saciedad que no hay que desmontar lo que hay sino mejorarlo. Valga anotar que el tema de acceso equitativo al sistema, o en otras palabras que no haya barreras de acceso a los servicios, es un tema universal para el que ni siquiera los países desarrollados han encontrado solución. Los centros urbanos tienen ventajas derivadas de la densidad poblacional, tecnología, nivel económico y educativo e infraestructura que hacen viable un sistema médico-hospitalario eficiente y de calidad. Piénsese, por ejemplo Bogotá y Medellín. Lo opuesto es cierto para las zonas apartadas del territorio. Ésta desigualdad no puede ser eliminada por ley. Menos en un país donde los puentes caídos y los derrumbes incomunican partes del país, y donde la luz en muchas partes, cuando llega, a veces se va por varios días.
La lógica indica que la discusión hoy está mal situada, ya que estamos tratando de resolver problemas del primer mundo, cuando deberíamos enfocarnos en los básicos del subdesarrollo. De hecho muchas de las soluciones efectivas para el sector salud son transversales y tocan otras áreas. Lo más básico para prevenir enfermedades y mejorar la salud en las zonas apartadas y disminuir la demanda por servicios médicos-hospitalarios es acueducto y alcantarillado, infraestructura que conecte estas regiones con los centros urbanos, educar a la gente sobre hábitos sanos, incluyendo los alimenticios. Manejo preventivo de enfermedades típicas de esas zonas, por ejemplo, malaria y dengue, que no requieren infraestructura hospitalaria.
La propuesta de reforma debería enfocarse a corregir lo que no funciona en el sistema actual, incluyendo una mayor vigilancia para evitar y detectar la corrupción. Quizás el gobierno podría crear un sistema estatal sanitario paralelo, que podría funcionar en llave con el existente, y con enfoque en la periferia y sus necesidades. Con la acotación de que un manejo regional sería necesario para su eficacia. Digo que éste segundo sistema debería quizás ser público o financiado totalmente por el estado porque por lo dicho anteriormente con respecto a las zonas apartadas del territorio, la lógica de mercado falla y es en estos casos cuando se justifica la intervención estatal.
Las propuestas de reforma del gobierno y su intransigencia a negociarlas solo son justificables si se acepta que hoy en Colombia estamos inmersos en una guerra civil de naturaleza ideológica; una especie de guerra fría. Mientras haya medición de fuerzas no hay posibilidad de “acuerdo nacional”, el cual Petro entiende como la capitulación de la contraparte. El sello del radicalismo ideológico es la intransigencia.
En el intento de obtener la capitulación es predecible que el gobierno recurra a la intimidación, miedo, mentiras, desinformación y movilización de masas. Si se entiende que estamos peleando a muerte por la supervivencia de las libertades republicanas, la única opción es pelear y resistir.