La constitución política es definida como un contrato o pacto social en el cual los gobernados establecen las normas de convivencia pacífica con sus respectivos derechos y obligaciones, y las instituciones encargadas de viabilizar el contrato. El contrato social se construye sobre la base de valores y principios mayoritariamente compartidos.
Las sociedades evolucionan haciendo más complejas las relaciones sociales y requiriendo una actualización del entendimiento de los derechos y obligaciones fundacionales; en las democracias la labor de adaptarlos le ha sido encomendada a las cortes. Los principios fundacionales son inmutables.
La semana pasada la Corte Suprema de los Estados Unidos de América emitió dos fallos de suma importancia. Estas dos decisiones se dan después del fallo que puso fin al derecho federal al aborto que se instauró con Roe versus Wade en el año 1973. Estos tres fallos corrigen desviaciones groseras de los principios fundacionales; desviaciones introducidas por el activismo judicial en décadas pasadas. En los dos últimos fallos la votación fue de 6-3, claramente mostrando una mayoría conservadora contra una minoría progresista. Algunos de los jueces que conforman la mayoría de la Corte Suprema son definidos como “originalistas”, queriendo decir que la Constitución Política federal debe ser interpretada respetando el querer y pensar de los fundadores de la Unión. Décadas de interpretación progresista no han sido más que intentos de refundar la Unión aboliendo los principios fundacionales y remplazándolos con aquellos de la ideología progresista; es decir, derogando la Constitución.
La necesaria corrección histórica que ha emprendido la Corte Suprema no solo restablece el imperio del derecho y el respeto a las normas, sino que además se produce en un nuevo contexto social en donde la mayoría del país ha comenzado a rebelarse contra los “avances” progresistas y sus consecuencias. Los ciudadanos se cansaron de los intentos de una minoría de imponer por la fuerza una agenda que la mayoría de los ciudadanos no comparte: atletas trans ganándole a mujeres, el estado haciendo operaciones de conversión contra el deseo de los padres en niños, el currículo escolar impulsando la ideología de género, la no penalización de delitos de minorías que ha llevado a que el crimen amenace la convivencia en comunidades, la legalización del uso recreativo de la marihuana y permisividad en el uso de otras drogas que ha desencadenado una crisis de habitantes de calle y deterioro físico de comunidades y por último, el intento de indemnizar con sumas estrambóticas a los descendientes de esclavos. Por ejemplo, pasear hoy por San Francisco en California es caminar evitando heces humanas por todas partes, drogadictos y habitantes de calle por doquier en condiciones lamentables. Robo a los negocios son pan de cada día, y así lo que en principio pareció una agenda muy humana hoy es tragedia. Negocios desesperados cerrando sus puertas y yéndose de esas ciudades. Todas las ciudades sin excepción tienen gobiernos demócratas que han adoptado la agenda progresista. Es claro que la agenda progresista fracasó.
Sin obedecer a presiones sociales y simplemente defendiendo los principios fundacionales, la Corte Suprema se ha sintonizado con el sentir social, el cual ha despertado y entiende que la agenda progresista de una pequeña minoría produce consecuencias nocivas que amenazan la convivencia pacífica en sociedad, que es la razón primaria y ultima de ser de cualquier pacto social.
En Colombia todo nos llega tarde, y ojalá aprendamos de experiencias ajenas. Como suele suceder con el presidente Petro, propone cosas viejas y fracasadas como panaceas nuevas. Todas esas iniciativas progresistas que debilitan al estado y a sus instituciones y que son permisivas con los delincuentes terminarán amenazando aún más la precaria convivencia social. Ojalá Petro entienda que sin orden y sin autoridad no hay convivencia posible.