El presidente Lasso del Ecuador disolvió el congreso utilizando una herramienta constitucional que se instituyó en la constitución política durante el gobierno de Rafael Correa. Es su intento por sobrevivir a una legislatura dominada por el correísmo que pretendía defenestrarlo solo porque es opositor.
Como suele suceder en estos casos, las verdaderas motivaciones se esconden tras acusaciones de corrupción, sin importar que la supuesta acusación contra Lasso, la que podía prosperar según la más alta corte, tuvo su origen durante el gobierno de Lenin.
Le economía del Ecuador va bien, fue de las que más creció en la región y los indicadores macros van por buen camino. Debido a esto Lasso pudo negociar con el Fondo Monetario Internacional, lo que no sucedía hace más de una década, términos favorables para acceso a crédito. El lunar que parece quieren cobrarle es la disparada de la inseguridad ciudadana. Los indicadores de seguridad se han deteriorado tanto que hoy sobrepasan a Colombia y a Méjico.
Con la aplicación de la conocida Muerte Cruzada, Lasso espera conjurar la crisis política dejando que sean los ciudadanos en las urnas quienes tengan la última palabra.
Esto se da después del intento fallido del expresidente Castillo en Perú, quien intentó hacer lo mismo pero por fuera del marco constitucional. En este caso, las acusaciones de corrupción eran fundadas y el mecanismo utilizado para reemplazarlo apegado a la ley.
La doctrina y la jurisprudencia en el mundo democrático siempre han consagrado dos tipos de jueces para los presidentes en ejercicio. Uno para asuntos políticos, el congreso, y otro para asuntos penales, que generalmente es la corte penal más alta del país. Las crisis políticas y de gobernabilidad quedan por fuera de estos dos escenarios en los regímenes presidencialistas. El régimen parlamentario si consagra un mecanismo para recomponer gabinete y congreso cuando se ha perdido la confianza y se deja que las urnas decidan el nuevo gobierno o confirmen el existente. Casos recientes son Inglaterra, Italia y Finlandia.
En Colombia, en papel, tenemos mecanismos para juzgar al presidente, pero no tenemos uno que nos permita tramitar la pérdida de confianza en el presidente o en el congreso. En el pasado, en la región las crisis políticas se resolvieron con golpes de estado, y hoy ante la falta de un mecanismo eficaz esta tentación persiste.
Hace poco un militar reservista lenguaraz declaró que se fraguaba un golpe de estado para sacar a Petro del poder. Un Petro acorralado y asustado por su desgobierno, aprovechó para decir que querían defenestrarlo. Esto a pesar de que alguien que medio entienda el país, sabría que un golpe de estado en Colombia no es una posibilidad. Solo sería posible si Petro intentara ilegítimamente quedarse en el poder; aunque creo que en este escenario, estaríamos más frente a un escenario de guerra civil.
Voces contra el militar reservista se alzaron desde todas las orillas, pero me parece a mí, que lo dicho por el militar realmente es una expresión de frustración e impotencia ante la imposibilidad de barajar de nuevo ante una crisis política y de gobernabilidad. Si las elecciones fueran hoy, Petro sería derrotado y su partido probablemente perdería la mayoría de los escaños que ganó en el congreso. Colombia necesita de un mecanismo que permita tramitar la pérdida de confianza ciudadana en un mandatario o el congreso o ambos y poder llamar a elecciones anticipadas. Colombia necesita esa válvula de escape que alivie la tensión política. No es con balconazos ni intimidación de guardias indígenas ni protestas sociales con violencia descontrolada que se resuelven las crisis.
Señores congresistas, los invito a crear el mecanismo para hacer de la democracia colombiana una democracia vital que pueda renovarse cuando las circunstancias lo exijan.