La construcción es uno de los sectores económicos que mayor impulso proporciona a la economía nacional. Su incidencia en el empleo y efecto multiplicador sobre otros sectores, la convirtieron en el eje de la reactivación para la superación de los efectos de la crisis generada por la pandemia del Covid-19 en Colombia. En el nivel local, la influencia de este sector es aún más importante por su estrecha relación con la actividad turística, principal vocación socioeconómica del territorio.
La disponibilidad de servicios de agua y alcantarillado, es requisito imprescindible para la obtención de la licencia urbana en proyectos de construcción. No autorizar disponibilidades, equivale a paralizar el sector de la construcción, lo que implica un duro golpe para la economía local si se tienen en cuenta las cifras que este es capaz de generar. Según la Presidencia Nacional de Camacol, por cada metro cuadrado que se construye, este sector mueve 36 sectores de la economía -más de la mitad del aparato productivo del país-, cada hectárea de suelo habilitada genera 576 empleos e inversiones por $25.000–$30.000 millones aproximadamente, cada hectárea de suelo urbanizable genera cerca de $730 millones en tributos el primer año, los cuales se traducen en $144 millones en impuestos prediales.
Además de los impactos directos sobre el sector de la construcción, es importante analizar el efecto sobre los propietarios de lotes ubicados en el perímetro urbano de la ciudad, quienes pagan un impuesto predial y deberían tener como contraprestación mínima una eficiente prestación de servicios domiciliarios para desarrollarlos. Negar estas certificaciones, contradice lo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial en su Artículo 36º. Suelo Urbano. Lo constituyen 7.356 hectáreas del territorio destinadas a usos urbanos por el Plan de Ordenamiento Territorial, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. [...] En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado perímetro de servicios públicos o sanitarios”.
La no disponibilidad de servicio para obtener la licencia de construcción de predios que están dentro del perímetro urbano, induce a cuestionar la legalidad del cobro del impuesto predial ¿Están los propietarios obligados a pagar dicho impuesto en esas condiciones? No parece justo. Gran responsabilidad le asiste al ente territorial en esta crisis, dada sus competencias según lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 142 de 1994:“Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.”
Los impactos de la crisis de servicios públicos se ven reforzados al considerar el deterioro de los principales indicadores socioeconómicos de la ciudad: segunda en el país con más alto costo de vida, quinta con mayor informalidad y tercera con mayor pobreza. Los servicios públicos, además de ser determinantes para la productividad y competitividad de los sectores socioeconómicos, en esencia, son derechos fundamentales para la población y desempeñan un rol fundamental en la erradicación de la pobreza.
La crisis del alcantarillado genera mayor preocupación por el riesgo de que se gestione de forma errática conforme ha sucedido con la crisis del agua. Esta última, se ha podido solventar de forma paliativa con carrotanques, pero en el caso del alcantarillado ¿cómo hacerlo? El tema es de extrema gravedad por las implicaciones que tiene sobre la salud pública la posibilidad de contaminación por aguas servidas
Esta gran sorpresa demuestra, una vez más, que los samarios y sus distintos sectores se han convertido en convidados de piedra para presenciar el imparable retroceso de la calidad de vida y competitividad del territorio.