El reloj marca las tres de la mañana de un martes lluvioso y frío en Bogotá. El conductor del Uber llegó puntual a recogerme para llevarme al aeropuerto. El Wase sugiere tomar la ruta por la carrera séptima, bajar por chapinero, tomar la calle 63 y luego la avenida el Dorado.
Cuando pasamos por chapinero, me sorprendió ver a un grupo de jóvenes salir de un sitio de mal aspecto identificado por un bombillo rojo. Inmediatamente, le pregunté al conductor por el lugar. Me respondió que eran discotecas ocultas donde los jóvenes pueden consumir drogas, tener sexo y tomar licor, hasta al amanecer sin control de las autoridades. Es donde algunos jóvenes gastan los subsidios que el gobierno les gira mensualmente a través del programa “Renta Joven”.
Precisamente, esta semana, el director del Departamento de Prosperidad Social -DPS-. Gustavo Bolívar, anunció que le había girado a 122.494 jóvenes, un monto de 47.439 millones de pesos. Qué flaco favor le están haciendo al microtráfico de drogas, a la prostitución y al alcoholismo juvenil con estos subsidios perversos. Y qué tremendo daño le están haciendo a la juventud del país, con estos programas perpetuadores de dependencia económica con criterios políticos y propósitos electorales.
Mientras esos muchachos salían de esa discoteca en chapinero, irónicamente, en el aeropuerto me tropecé con dos grupos de jóvenes que hacían labores de aseo y revisión de equipajes en la zona de inmigración. Al momento de colocar mis pertenencias en la bandeja sobre la banda del escáner de seguridad, le dije a la jovencita si podía hacerle una pregunta. Me respondió que sí. El pasado 1º de mayo, día del trabajo, en honor a ella, subí a mis cuentas de Twitter y LinkedIn, el video que representa el trabajo digno de una mujer honesta y valerosa. Una jovencita que no necesita de subsidios, sino de un servicio de salud eficiente y oportuno; una educación gratuita y de calidad; un sistema pensional que le garantice un ingreso digno en su vejez; un seguro de desempleo y el acceso gratuito a capacitación y formación empresarial.
Cuando abordé mi vuelo, sentí tanta indignación e impotencia, que resolví contar esta experiencia. Es muy lamentable, que la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Fiscalía, Policía, Organismos Internacionales de Derechos Humanos, jueces y magistrados de las altas Cortes, sean tan indiferentes ante tanto derroche de dineros públicos, escándalos de corrupción y abuso de poder. El impacto negativo de estos programas de subsidios sociales ha sido muy grande. En un reciente informe, el Dane reveló que en Colombia, existen 2,9 millones de jóvenes entre los 15 y 28 años que no trabajan ni estudian. Seguramente, los que salían borrachos del bar de chapinero, eran parte de esta población.
Con todo el respeto, señor Presidente, por ahí no es el camino. Los 10 billones de pesos asignados al DPS, tendrían mayor impacto social, si los destina, por ejemplo, a un bono al primer empleo; a un crédito al primer negocio o a un incentivo educativo y tecnológico al primer emprendimiento. Las ayudas del Estado, deben ser para empoderar y no para destruir a la juventud de Colombia.