Los registros más antiguos de prácticas que podrían considerarse como extradición datan de la antigua Sumeria, alrededor del 2100 a.C., donde existían acuerdos entre ciudades-estado para la devolución de personas acusadas de delitos cometidos en una ciudad pero que habían huido a otra.
Posteriormente, de los primeros ejemplos documentados es el que hubo entre Egipto —con el faraón Ramses II— y el Imperio Hitita —con el Rey Hattusile— en el siglo XIII a.C. Este contenía cláusulas que estipulaban la devolución de refugiados políticos que huían de la justicia, lo que puede interpretarse como una forma temprana de este tipo de tratado.
A finales del siglo XX, los tratados de extradición de Estados Unidos con otros países en América se enfocaron cada vez más en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, convirtiéndose en una herramienta clave en la lucha contra los carteles de la droga. Se buscaba facilitar la cooperación judicial internacional y establecer mecanismos legales claros para personas acusadas o condenadas por delitos graves.
Adicionalmente, durante estas décadas, la proliferación del narcotráfico en Colombia llevó a la necesidad de fortalecer esta figura. La violencia y el poder de los carteles de drogas hicieron imperativa una cooperación internacional más efectiva. Durante este tiempo, Colombia y Estados Unidos firmaron un tratado de extradición en 1979, que entró en vigor en 1982 y que se convirtió en una herramienta crucial en la lucha contra el crimen organizado.
Luego, la Constitución de 1991 inicialmente prohibió la extradición de nacionales colombianos, como respuesta a las fuertes presiones y actos de violencia por parte de los extraditables. Este cambio representó un giro significativo en esta política en el país.
Sin embargo, fue reinstaurada tras una reforma constitucional en 1997 marcando el reinicio de la cooperación con Estados Unidos en la extradición de nacionales colombianos, lo que se convirtió en una característica común en la lucha contra el narcotráfico y más tarde contra el terrorismo.
En Colombia, la extradición está establecida en la Constitución Política regulada por el artículo 35 donde se establece claramente que se puede conceder o negar de acuerdo con los tratados públicos o la ley, respetando el principio de legalidad. Además, menciona que no se concederá a colombianos por delitos políticos, aunque esta restricción no se aplica a los delitos de lesa humanidad.
Mientras tanto, el reciente escándalo con un ciudadano estadounidense involucrado en actividades ilícitas con niñas en Medellín. Dónde el implicado se fue muy orondo a su tierra natal podría dar pie para poner sobre el tapete la cuestión del principio de corresponsabilidad en este tipo de tratados.
Ahora, con toda la pompa oficial, el presidente de Colombia con el apoyo del alcalde de Medellín se propone solicitar la extradición de este individuo. Pero ¿realmente podemos esperar que esta petición sea atendida? La historia nos dice que deberíamos ser escépticos. Y es que, cuando se trata de extradición, la ley parece funcionar como la famosa ley del embudo: lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros.
De hecho, este tratado, que supuestamente funciona en ambas direcciones, en la práctica parece más un monólogo estadounidense. Colombia envía a sus nacionales hacia el norte con una frecuencia que roza la eficiencia de un reloj suizo, mientras que de allá es, digamos, bastante más esporádica.
En síntesis, este último pedido de extradición de Colombia no solo es un test para la justicia internacional, sino también un recordatorio irónico de que, en algunos tratados, la reciprocidad es solo un término decorativo. Quizás este episodio sirva para que Colombia recalibre su enfoque y se dé cuenta de que esperar una extradición de un ciudadano estadounidense podría ser bastante improbable.
Todo lo anterior en razón de que la tierra de Colón no ha vacilado en extraditar a sus nacionales en numerosas ocasiones hacia la tierra del Tío Sam: Entre 1990 y 2020, aproximadamente 2300 ciudadanos colombianos han sido extraditados.
De allá para acá: cero.