Hace diez años, Santa Marta, aceptó una propuesta de cambio que prometía la renovación política de sus gobernantes, y con ello, la implementación de prácticas administrativas y de gestión eficiente para la solución de los principales problemas que han condicionado el desarrollo de la ciudad.
La solución más esperada por los samarios, era y es aún, la de la crisis del agua. Aunque nadie lo hubiera pedido –como han querido excusarse-, estos gobiernos debieron priorizar la gestión de esta solución por tratarse de un servicio fundamental para la productividad de los sectores y el bienestar de las comunidades. No se entiende cómo se gobierna un territorio del que se ignoran sus problemas y/o necesidades.
En lugar de avanzar en su solución, la crisis del agua fue convertida en una estrategia para manipular electoralmente a los samarios y atacar a los gobernantes que les precedieron. Entre tanto, crearon la Essmar, empresa mediante la cual gestionarían la solución definitva, pero luego de tres años de operación, no solo han sido incapaces de mejorar la prestación y continuidad del servicio, sino que además condujeron a dicha empresa a un déficit de más de $84 mil millones, que hoy la hace inviable financieramente.
Inexplicablemente, en diez años ninguno de los estudios de alternativas anunciados para la solución definitiva ha logrado superar la etapa de prefactibilidad. ¿Será esto producto de la baja capacidad técnica de las propuestas, de la incapacidad de gestión de los gobiernos locales y/o del interés de estos en priorizar los aclamados planes de contingencia (contratos de carrotanques) para favorecer a sus aliados?
Otra de las problemáticas sin solucionar por los gobiernos del cambio, ha sido la movilidad urbana: ni nuevos corredores viales, ni sistema estratégico de transporte público. Desde el espectáculo orquestado para derribar la pared que impedía la continuidad de Avenida del Río, calle 29 entre carreras 4 y 5, (160 metros), protagonizado por el alcalde de turno en el 2015, en Santa Marta, no se ha construido un metro de corredor vial nuevo. La ciudad se mantiene con las mismas avenidas que construyeron los gobiernos de “antes”, aunque ahora estas se encuentran más invadidas y en precarias condiciones de mantenimiento. Respecto al transporte público, lo que ha predominado, es la guerra del centavo y la deficiente prestación del servicio, aspectos que han contribuido en el aumento de fenómenos como el mototaxismo, la mayor accidentalidad vial y la agudización del conflicto en la movilidad.
Por esta misma senda de fracaso, han transitado otras obras del cambio, celebres por el descalabro social y económico que encarnan. Centros de salud demolidos, que después de varios años siguen en el suelo mientras las comunidades padecen la falta de sus servicios. Obras como la megabiblioteca, con sobrecostos de más de $30 mil millones y con 7 de años de retrasos en su entrega. Instituciones educativas y escenarios deportivos, como la ludoteca de Bonda, el coliseo abierto de Gaira y el estadio Sierra Nevada, los cuales además de sufrir sobrecostos, se les cuestiona la deficiente calidad de su ejecución y retraso. El factor sobrecosto, vale destacar, ha sido el común denominador en las obras del cambio, evidenciado no solo al comparárseles con obras similares ejecutadas en otras ciudades, sino por los resultados de investigaciones de veedurías y entes de control.
A falta de resultados, es comprensible la estrategia del gobierno Distrital de inundar la ciudad en pleno periodo electoral con vallas que anuncian como proyectos, lo que a estas alturas debería ser el producto de su gestión. Sin embargo, difícilmente estas vallas podrán ocultar la ineptitud administrativa o encubrir el cinismo de este gobierno de pretender influenciar electoralmente, cuando para los samarios, este representa además de un fracaso político y administrativo, una década perdida para la ciudad.