“Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad” (Platón)
Por fin, luego de tantas negativas y en medio del lodazal de mentiras y marrullas en que han convertido la Jurisdicción Especial para la paz, cuando el pueblo está hastiado de varias posiciones y explicaciones escatológicas por parte de bandidos autodenominados comandantes, viéndose acorralados y sintiendo que la candela les está llegando donde sabemos y que el calor de las llamas y las brasas husmean sus posaderas, no han tenido decisión diferente que aceptar, -aun a regañadientes-, su absoluta responsabilidad en todas las atrocidades cometidas durante la vigencia de su repugnante proceder en contra del pueblo colombiano.
Muy a pesar de estos tiempos aciagos y turbulencia social existente en nuestro país, llegó como una sorpresa, esperada por tanto tiempo, que esos excomandantes de la más bestial y asesina guerrilla reconocieran ante la Jurisdicción Especial para la Paz que sí fueron los determinadores de los secuestros sancionados por el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional, y con ello es imperativo que reciban su merecido castigo, acorde con la dimensión del delito, independientemente de haberse sometido a un proceso de paz que no puede servir de alcahueta ante tantos desafueros.
Es de resaltar que al aceptar su responsabilidad en la comisión de estas execrables conductas, [toma y aprehensión de rehenes, privación de la libertad, tortura, vejámenes, violencia sexual], han quedado al desnudo sobre la responsabilidad individual de cada uno de ellos y es de esperarse que tengan las agallas y valor civil de mirar a los ojos a las víctimas y ante ellas proponer y presentar un plan de reparación integral, en compensación por estar disfrutando de un excesivo y generoso periodo de suspensión de la pena y sanción ejemplar que debería aplicárseles como responsables de esas atrocidades.
Sin embargo, hay que destacar que los excomandantes fueron casi que obligados a reconocer y aceptar su responsabilidad, dado que su ambigüedad sobre esos hechos estaba rebasando la paciencia de la autoridad encargada de estudiar esos hechos para proceder a su respectiva sanción, por cuanto la desconfianza rayaba con la impaciencia, máxime si se requiere y exige que la reparación sea satisfactoria para las víctimas, además de conseguirse dentro de un ámbito de respeto y dignidad.
Es por ello que después de aceptar su responsabilidad, entreguen toda la verdad sobre la ocurrencia de esos hechos y conjuntamente con sus subordinados informen qué paso con aquellos secuestrados que nunca aparecieron ni regresaron, lo mismo aclarar qué motivó ser plagiados, quiénes se convirtieron en sus cómplices, cómo se tejió la macabra ocurrencia de los mismos y las perversas y malévolas circunstancias sobre las cuales se edificaron esas brutales decisiones, y entregar información sobre aquellos cuerpos que nunca fueron devueltos a sus familias o señalar dónde están sus cuerpos.
De todo lo anterior se desprende el hecho significativo que esta confesión marca un contubernio con otros casos de secuestros cometidos por aquellos personajes que también se han acogido a las justicia transicional, enviando con esa decisión el mensaje de motivar y obligar a los demás actores del conflicto a confesar su responsabilidad en esas atrocidades, haciendo énfasis en que no hacerlo equivale a exponerse a penas sancionatorias de hasta 20 años de prisión y perder todos esos aberrantes beneficios de los que andan disfrutando a sus anchas.
Esta confesión y aceptación demuestra el sólido avance de la justicia y ahora sigue la obligación de poder cuantificar y materializar el cumplimiento de las penas, con lo cual se infiere la posibilidad de resolver hechos parecidos y determinar que no haya impunidad.