Escrito por:
Hernando Pacific Gnecco
Columna: Coloquios y Apostillas
e-mail: hernando_pacific@hotmail.com
Empiezo por perogrulladas, clichés o tal vez frases políticamente correctas. Tengo la plena convicción de que el Estado tiene muchísimos funcionarios valiosos en todos los niveles, que cumplen con su deber, son comprometidos y quieren una mejor Colombia. Pero también, hay otros, una minoría, que entran por palancas, vagos, inútiles ignorantes y corruptos.
Pero el Estado está diseñado para la corrupción. Cuando la descomposición estatal en todas sus formas abruma tanto, pasa como con las vacunas: nos insensibilizamos contra la enfermedad. Parece normal que “roben con tal de que hagan”, es tolerable defender a los deshonestos por afinidad política, y llega a ser intolerable que la acción judicial recaiga sobre esos personajes.
¿Qué ha pasado en Colombia que la autoridad inspira miedo y no respeto? Quedaron atrás aquellos tiempos en que se le concebía como respetable y admirable. Cada niño deseaba ser policía o presidente, tal era la elevada admiración. Hoy, sin embargo, por causa de esos pocos sinvergüenzas que actúan a sus anchas, la imagen de las autoridades está tan deteriorada que en muchos casos aquel enaltecimiento quedó en lo más profundo de los basureros. La acción de las autoridades judiciales ante los escándalos debería ser oportuna y contundente, pero tampoco; su imagen está tan deteriorada como las policiales o militares. Las encuestas son dicientes: apartando a las Fuerzas Militares (73% de aprobación), en una investigación reciente, la iglesia católica tenía 69% y la Registraduría Nacional 67%, y la credibilidad de las instituciones colombianas está casi toda por debajo de un 50%. Iglesias cristianas 47%, Fiscalía 46%, Procuraduría 42%, Corte Suprema 30%, Congreso 20% y partidos políticos 17%. En la zona media, Defensoría del Pueblo 55% y Policía Nacional 50%. Ni hablar de la figura presidencial, cada día más negativa.
¿Por qué el ciudadano del común no cree en sus instituciones, por qué les genera miedo y no respeto? Los tres principales poderes, por ejemplo, han actuado de manera cuestionable y politiquera. El ejecutivo no solo incumplió promesas de campaña sino que actuó en contrario sensu con respecto de lo ofrecido en campaña: aprobó un fracking que criticaba previamente; tiene en la mira al Páramo de Santurbán, gran reserva hídrica y ecológica; también, al emblemático Caño Cristales; suma la idea de los puertos de Tribugá y Taganga, contrarios a la lógica ambiental; la reforma tributaria, que favorece de manera exorbitante al gran empresariado en contra del ciudadano del común, falló brutalmente; las cifras de desempleo llegaron a niveles de hace 7 años; su aparente leitmotiv es Venezuela, despreocupándose de los problemas críticos nacionales. Es lo que transmite.
El legislativo, con la peor imagen posible, legisla de manera errática, en contra de la lógica ciudadana. Por ejemplo, hundió el proyecto anticorrupción, no defendió el etiquetado informativo en los envases de productos alimentarios, tan necesario para la salud de los ciudadanos, y no tocó el tema de los empaques de un solo uso, que contaminan toda la geografía nacional. Siempre están desconectados de la realidad, de espaldas a la nación. Los escándalos protagonizados por algunos funcionarios de las altas cortes han socavado la confianza en el aparato judicial. No se promueven allí una necesaria reforma judicial respetando, eso sí, la actual estructura determinada por la constitución.
Los entes de control del Estado causan desconfianza en el colombiano. Asustan. Investigaciones que se caen solas, escuchas ilegales, amenazas y otros hechos oprobiosos que se creían sepultados, ahora son del diario acontecer. La procuraduría, se dice, es usada como instrumento de amenaza al opositor político. Los recientes episodios protagonizados por algunos policías que saltaron a las primeras páginas de los medios informativos hacen que muchos ciudadanos de a pie prefieran enfrentar a un delincuente que a un policial; estos tiene investidura oficial de la que carece el otro. Denuncian los medios y opositores políticos del gobierno el presunto retorno de prácticas aberrantes en las fuerzas militares como el maltrato al soldado o los “falsos positivos”.
Se pregunta la ciudadanía: ¿qué hacen las instituciones para que esos pocos puedan abandonarlas de manera ejemplar? ¿Cómo actúan para prevenir hechos lamentables? No debieran olvidar que el funcionario del estado en un empleado público, no el dueño del país, y que deben responderle al ciudadano, no al jefe político. Actúen, y pronto.