El Forward algodonero

Columnas de Opinión
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¿Se acuerdan de la temporada invernal del segundo semestre del 2010, que dejó inundadas más de 1.6 millones de hectáreas en el país y en la quiebra a miles de agricultores y ganaderos? A pesar de los esfuerzos realizados en los dos periodos de gobierno de Santos, muchos de esos productores siguen envainados con algunas deudas al sector financiero y comercial.

Uno de los sectores más golpeados por esa ola invernal fue el algodonero. Además de las perdidas por las inundaciones, tuvieron que soportar dos años más de bajos rendimientos y altos costos productivos por la variación de clima. El ministro de Agricultura de entonces, Juan Camilo Restrepo, proporcionó algunos alivios a las deudas, pero resultaron siendo insuficientes.

Como la mayoría de los algodoneros estaban reportados ante las centrales de riesgo, en el año 2016, el exministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, puso en marcha un plan de reactivación del sector algodonero a través de un instrumento financiero derivado conocido como contrato forward, el cual permite generar liquidez a los agricultores cuando la cadena agroindustrial opera totalmente sincronizada.

En lenguaje práctico, la industria textil (representada por Diagonal) y las asociaciones de algodoneros (representados por Con algodón), acordaron unos contratos de compra anticipada de la producción de algodón a precio bolsa de Nueva York, en un tiempo y en un sitio de entrega determinado, a cambio de que, la industria les financiara un porcentaje del costo total de las siembras. Para honrar estos compromisos, el ministerio de Agricultura, delegaron en la Bolsa Mercantil de Colombia, el mecanismo de operación y en Finagro el respaldo de los contratos forward a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Además, estableció un subsidio o cobertura de precio mínimo condicionados a unos parámetros de productividad por región.

Este excelente mecanismo, además de evitar que el algodón desapareciera en el país y logró financiar más de 10.000 hectáreas en los departamentos de la Región Caribe, por un monto superior a los 17.000 millones de pesos, generando más de 600.000 empleos directos e indirectos en toda la cadena al año. Este año, la coyuntura de precio, tasa de cambio y demanda del mercado, hacen que el negocio sea más atractivo en las zonas donde existe algún sistema de riego.

El ministerio de Agricultura, debe aprovechar esta oportunidad para fomentar este importante sector de la economía del país disponiendo (desde ya) los recursos que garanticen la cobertura de precios, las pólizas de seguro contra riesgo climático, el control posterior de erradicación de soca y las líneas de crédito de fomento para bancos de maquinaria y desmotadoras de última tecnología. Y pongan al Banco Agrario a cumplir el fundamento de la Ley 16 de 1.990. Financiar proyectos agropecuarios rentables, más aún, si estos están encadenados a la agroindustria.

¿Se imaginan lo que este mecanismo pudiera lograr en la inversión del sector agropecuario, si se aplica a los 2 millones de productores del campo que no son sujetos de crédito por no tener formalizados los títulos de sus fincas o por estar reportados en las centrales de riesgo, en su mayoría, por culpa de las compañías de telefonía celular?

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