Escrito por:
Hernando Pacific Gnecco
Columna: Coloquios y Apostillas
e-mail: hernando_pacific@hotmail.com
La ley 6ª de 1991 que reglamenta la anestesiología en Colombia constituyó un norte que contribuyó a elevar el nivel científico del ejercicio médico. Esta norma ofreció la oportunidad de titulación a quienes venían practicando el “arte de los dioses” sin certificación, a través de los programas académicos debidamente reconocidos en el país, previo cumplimiento de ciertos requisitos.
A mediados de los años 70, Ascofame marcó un hito: tituló como especialistas a quienes cumplieran un cierto tiempo de ejercicio profesional con dedicación exclusiva. Ya certificados, accedieron en igualdad de condiciones a las respectivas sociedades científicas. Por esos tiempos, las facultades pagaban adecuadamente a los interesados para llenar los cupos disponibles en los hospitales universitarios que, posteriormente, con la apertura indiscriminada de facultades de medicina, tendrían una enorme demanda y escasa oferta. El acceso a las especialidades más solicitadas se convirtió en asunto de roscas impenetrables.
Siguiendo el camino de la anestesiología, en 2001 se reglamentó la radiología, permitiendo a otros especialistas ejercer en determinados procedimientos radiológicos, previa certificación de su conocimiento y experiencia; otra norma incluyente. Los intentos posteriores de reglamentar otras especialidades médicas han fracasado. En buena parte, por intereses particulares atravesados al primordial interés general y, en particular, por el carácter excluyente de los proyectos de reglamentación. Por el momento, no hay normas para el ejercicio especializado distintas a la anestesiología y la radiología; sigue vigente la antigua ley 14 de 1962, que permite el ejercicio de la medicina y la cirugía a quienes tengan un título válido en Colombia.
En el caso específico de la cirugía estética, es ampliamente conocido el conflicto de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCPE, en adelante) con quienes no pertenecen a ella. Lamentablemente, los argumentos legales y científicos válidos se han extraviado en acusaciones sin fundamento que han deteriorado la imagen que el ciudadano tiene de esta especialidad y de los médicos que la ejercen, generando temor innecesario e infundado. Se llegó a un punto casi irreconciliable, con interposición de mutuas demandas judiciales, algunas fundamentadas y otras temerarias o simplemente falsas. En estos días, el juzgado 13 civil de Bogotá admitió la acción grupal interpuesta por varios cirujanos que no pertenecen a la SCCPE, quienes argumentaron competencia desleal, desprestigio profesional, enormes pérdidas económicas y otras más. Se decretaron medidas cautelares a la demandada SCCPE. Esta prolongada pelea dejará muchos tendidos en el camino, innecesariamente, con perjuicios a clínicas, otros profesionales de la salud, personal administrativo, proveedores, etc., pero sobre todo a la especialidad.
Más allá de las razones de uno u otro grupo, la ciencia médica es cambiante, rápidamente evolutiva, innovadora y nadie puede considerarse depositario único del conocimiento, invalidando los demás saberes. En la medicina existen “áreas grises” de competencias, en las que diversas especialidades pueden ejercer indistintamente. Por ejemplo, los cuidados intensivos pueden ejercerlos por igual médicos anestesiólogos, internistas o cirujanos. Urólogos y ginecólogos se desempeñan por igual en casos determinados. Rinólogos y plásticos trabajan en cirugía nasal con igual destreza, y así sucesivamente. Claro está, previa formación académica. Por ejemplo, en su profunda ignorancia e incompetencia, funcionarios de los entes sanitarios de control impidieron el ejercicio profesional de reconocidos maestros, simplemente porque cuando llegaron al país con especialidades nuevas, no hubo quien los titulara por inexistencia de programas académicos que ellos mismo abrieron y desarrollaron en Colombia. Tal es la complejidad del asunto.
Lo importante ahora es dirimir varios temas: si la cirugía estética es una especialidad autónoma de la cirugía plástica o una subespecialidad; cuales deben ser los contenidos mínimos, el desarrollo y el tiempo adecuado de formación profesional; cómo incluir y certificar a quienes tiene formación académica comprobada y ejercen con ética e idoneidad la cirugía estética; el papel de los ministerios de salud y educación; la periodicidad de la actualización de programas y profesionales, y largo etcétera. Implica entonces la participación conjunta del congreso, los gremios profesionales involucrados, las autoridades sanitarias y educativas, los entes de control, los tribunales de ética médica; inclusive, de la ciudadanía. El producto debe ser una ley bien estructurada, pero sobre todo, incluyente que ponga punto final al inaceptable enfrentamiento. Y, consecuentemente, una ley marco que regule todas las especialidades médicas. ¿Hay interés de las partes en conciliar y convivir en paz en beneficio de la ciudadanía?