Bastante obvio, o de Perogrullo, es que un contrato o acuerdo está acordado, cerrado o terminado cuando está firmado. La firma de las partes implica el compromiso de ellas hacia lo que se incorpora en el papel, es decir, sus derechos y obligaciones.
Igualmente, solamente hasta que sean firmados los acuerdos, podrían ser llevados al Congreso para convocar al plebiscito, pues antes, sin firma no hay acuerdos y no habría garantía de que alguna coma, punto o clausulita no sea introducida o el texto sea cambiado y, así, por la puerta de atrás se introduzcan asuntos novedosos y desconocidos. Sin firmas, también es imposible dar a conocer a la ciudadanía, de manera precisa, informada y trasparente, sobre lo que incorporan los textos. Tampoco se podría hacer campaña por el sí, pues no habría claridad a lo que se le diría sí y, por ello, lo que ganaría o perdería el país con el sí. Habría un incumplimiento de preceptos constitucionales y mandatos legales como son la seguridad jurídica y el deber de información de los acuerdos a la ciudadanía. Sin firmas, en cambio, sí es posible decir no.
No a lo que se ha acordado hasta ahora y la forma en la cual se ha hecho y se van a hacer los cambios institucionales para acomodar a las Farc, sin que la mitad del país lo consienta o esté de acuerdo. Claramente, este galimatías de convocatoria al plebiscito con acuerdo final sin firmas, es parte del estilo típico del presidente Santos en el proceso de La Habana. Lo que primará para las decisiones es o serán las encuestas, la tribuna, para ver qué golpe de opinión es necesario dar para adelantar las agendas. Santos apelará entonces a la emotividad de cada ciudadano y al subconsciente colectivo y su capacidad de arrastre. Con unas encuestas tan apretadas, con el sí en el 31 por ciento y el no en el 29 por ciento, es decir, con empate técnico, se requiere apelar a la emotividad y a los golpes de astucia de opinión para movilizar a ese 40 por ciento de ciudadanos que piensan no participar, abstenerse o no ha tomado posición.
Para el Gobierno no importa la seguridad jurídica, lo lógico, lo correcto, lo cual se cumpliría con la firma de los acuerdos antes de ser presentados al Congreso para que el Presidente convoque el plebiscito y se informe debidamente a la ciudadanía. Para el Gobierno lo que conviene es acortar los tiempos para la realización del plebiscito y los golpes de opinión que lo dinamicen. Se requiere entonces para ello el menor debate y conocimiento posible por parte de la ciudadanía de los acuerdos, para apelar solamente a la emotividad y al puro sentimiento de la paz per se. El arrastre del subconsciente colectivo y la emotividad implicará que la ciudadanía querrá participar en la “fiesta de paz”, así esta sea fatal para el futuro de país. Por eso lo que va a ocurrir es que se firmarán, con gran pompa y fanfarria, los acuerdos una o dos semanas antes de la votación del plebiscito, lo cual generará un ambiente de optimismo y credibilidad al proceso y a los acuerdos, no por el mérito de ellos, sino por el ambiente y el subconsciente colectivo. Esto es manipulación y propaganda. Por estas razones, es decir, por la inseguridad jurídica, la necesidad de conocimiento y estudio pleno de los acuerdos y para evitar una manipulación propagandística, la firma de los acuerdos debe realizarse antes de que el Presidente convoque el plebiscito.