La semana pasada, los senadores Jorge Robledo, Antonio Navarro, Iván Duque y quien escribe estas líneas convocamos a una audiencia pública sobre el proyecto de la Ley de Licores, actualmente en trámite en el parlamento.
En dicha audiencia, expertos hicieron claridad sobre la inconveniencia de ese proyecto de ley, desde el punto de vista económico, social, cultural y regional y señalaron que, en vez de reducir el contrabando, lo promueve. En palabras del senador Jorge Robledo, este proyecto fomenta el llamado “contrabando técnico”, ese que se hace con visos de legalidad.
Uno de los temas analizados, el cual queremos resaltar, fue el de la incidencia del alcohol en la salud y el bienestar de los colombianos, el cual rara vez se aborda en el debate público, a pesar de ser una problemática que requiere atención urgente.
Baste ver estadísticas como las siguientes:
- El 12,15% de las personas entre 12 y 65 años presenta un consumo riesgoso o perjudicial de alcohol.
- El 29,7% de los colombianos ingiere diez o más tragos de alcohol en un solo evento.
- El 57% de las víctimas fatales en accidentes laborales estaba bajo efectos del alcohol.
- La edad promedio de inicio de consumo de alcohol está en los 12 años.
- El 70 % de los menores ha probado bebidas alcohólicas; el 55,7 % lo consume con cierta regularidad; al menos el 46 % lo hace en presencia de sus padres y el 51% ha comprado bebidas alcohólicas.
Ante este panorama preocupante se hace necesaria una gran alianza entre productores, distribuidores, reguladores y educadores, con la comunidad en general, para desarrollar planes que lleven a un consumo responsable del alcohol. Resulta paradójico que el Estado, quien detenta el monopolio de los licores en nuestro país, sea, precisamente, quien tenga que adelantar estas campañas.
Teniendo en cuenta esto, durante la gobernación de mi hermano Aníbal Gaviria, fui partidaria de la idea de que el departamento de Antioquia vendiera la Fábrica de Licores e invirtiera esos recursos en algún sector estratégico y altamente competitivo, como el hidroeléctrico, donde sí es moralmente aceptable y necesaria la participación del Estado.
Diez años más tarde, el argumento ético de que no podemos tener un Estado cantinero y tahúr, para mantener la salud y la educación, sigue siendo válido, pero, mientras no se establezca una fuente alternativa para la financiación de estos servicios fundamentales, es absurdo que, de buenas a primeras, mediante normas como las que trae la Ley de Licores, se desmonte el monopolio de los licores, cuyas rentas representan cerca del 35% de los recursos propios de los departamentos.
Tenemos que lograr la racionalidad en la definición de las leyes, para alcanzar un acceso a los mercados justos, que no vulnere las finanzas de nuestros departamentos ni las de los comerciantes que le han apostado a la legalidad. Por ello, en la próxima legislatura queremos no solo continuar con la revisión del proyecto de Ley al que nos hemos referido hoy, sino también con la de la ley que impide a los conductores unos mínimos de consumo de licor, permitidos en naciones tan estrictas en sus regulaciones, como las europeas o en los Estados Unidos. Esa ley, presentada y aprobada en un contexto doloroso, es otro ejemplo que se sale de los parámetros racionales de los que estamos hablando.