En Colombia, todos debemos ser iguales ante la ley. Esta es una máxima que no admite excepción porque cualquier forma de trato desigual constituye lo que se conoce comúnmente como discriminación.
Esta semana fue promulgada una ley, de nuestra autoría, transcendental para un grupo de colombianos que se enfrenta día a día a maltratos y agravios inadmisibles, a exclusión y discriminación laboral y educativa, y a un trato diferenciado y excluyente.
Me refiero a las personas con discapacidad y a la ley 1752 del 3 de junio de 2015, "por medio de la cual se modifica la ley 1482 de 2011, para sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad".En nuestro país, existen más de 2 millones de personas con disca-pacidad, de los cuales solo el 3% accede a la educación superior, únicamente el 1% termina su carrera y como resultado, soportan una tasa de desempleo que duplica la cifra nacional.
Esto es inadmisible. La discapacidad no es una condición anormal que deba superarse para acceder a derechos o para ser reconocido como igual; es más bien, como lo ha dicho la Corte Constitucional, una particularidad del individuo, a la que la sociedad le impone barreras físicas, sociológicas y jurídicas.
Remover estas barreras y permitirle a una sociedad reconocerse como plural y encontrar en la diversidad la clave de relaciones sanas de convivencia, debe ser el norte de la actividad legislativa y del Congreso de la República.
Por eso, logramos la sanción de esta ley que castiga la discriminación contra la población discapacitada; regula como actos prohibidos todos aquellos que impidan, obstruyan o restrinjan el ejercicio de los derechos de las personas por razón de su discapacidad y sanciona a todo aquel que por esta misma razón, le cause daño físico o moral a una persona.
En suma, la literatura y las normas de derechos humanos han reconocido que la discapacidad no es un asunto que se derive exclusivamente de las particularidades físicas o mentales del individuo, sino también que resulta, de una serie de obstáculos y barreras que impone el entorno.Esta nueva ley pretende cambiar esa situación de facto por una, en la que el principio de justicia se imponga en favor de un grupo históricamente olvidado y en donde la sociedad pueda aprender a crecer, a partir de la riqueza que hay en la diferencia.
