Parcialidad de esta justicia

Editorial
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Colombia estuvo en vilo durante dos días, después de la decisión de la JEP de evitar la extradición de ‘Jesus Santrich’, que llegó hasta el límite de autoinfligirse heridas para salir de la cárcel y evadir los cargos narcotráfico y concierto para delinquir con fines de narcotráfico que le imputaban.
Y logró su cometido. Hasta el cierre de esta edición editorial estaba recluido en la Clínica Mederic de Bogotá, después de haber sido recapturado por miembros de la Fiscalía, que lo esperaron a la salida de la cárcel, para ser trasladado al bunker de la Fiscalía y de ahí a la Clínica.

La decisión de la JEP de negar la extradición de ‘Jesus Santrich’ confirma que esa jurisdicción solo favorece los intereses de las Farc. Colombia está en un estado de cosas antijurídico donde los mafiosos vuelven al Congreso, amparados esta vez, con una justicia hecha a su medida. La gravedad de los hechos no puede subestimarse. Colombia ha dado una cruenta guerra contra el narcotráfico donde han perdido sus vidas miles de colombianos. La memoria de este esfuerzo hoy duele más que nunca.

La evidencia que tenía la JEP es más que suficiente para haber permitido la extradición. Debemos recordar que hoy no hay ley estatutaria, y por lo tanto, deben someterse a lo dispuesto en los acuerdos y la ley de procedimiento. La prueba que puede practicar la JEP se circunscribe a la fecha de la ocurrencia de los hechos. Su única responsabilidad era establecer si los hechos sucedieron antes o después del primero de diciembre de 2016. Tenían en video, tenían las declaraciones juramentadas...

nada les alcanzó porque pretendían juzgar la conducta y no la fecha. Incluso se atreven a calificar de ilegales las pruebas recaudadas en los operativos de la DEA en coordinación con la Fiscalía. Van más allá y ordenan investigar a los funcionarios de la Fiscalía.

Se extralimitaron, llegando a un posible prevaricato. Este delito quedará impune por la amañada manera mediante la cual la corrupción en la rama judicial es imposible de investigar y de juzgar.

Cuatro de las objeciones del presidente Duque estaban encaminadas a que el país no quedará maniatado para seguir dando la lucha contra el narcotráfico. El frenesí de derrotar al gobierno o de defender los acuerdos, encegueció a líderes y seguidores. No quisieron oír, ni hablar, ni entender. Hay varios narcotraficantes catalogados dentro los más peligrosos del mundo que están colados en la JEP. ¿Qué podemos esperar para ellos? ¿Más de lo mismo?

La JEP es todo lo que se había pronosticado que sería y un poco más. Si en este caso inicial y de toda la visibilidad, donde el país entero ha visto las pruebas y tiene el empeño de los EE UU, deciden en contra de toda la evidencia; ¿cómo será en los casos por venir? Esta es una prueba irrefutable de la parcialidad de esta justicia, y es mal pronóstico para todo lo que viene. Los demás procesos, menos públicos y más olvidados, terminarán siendo una repartida de impunidad descontrolada y silenciosa.

A los colombianos no les queda duda alguna de la falta de imparcialidad, lo que sucede es que para algunos la desmovilización amerita esa impunidad. No hay que creer que nadie piense que la JEP es un aparato de justicia justa. En el acuerdo de La Habana quedó pactada la impunidad porque y por eso están los criminales de las Farc sin decir verdad, sin pagar penas, sin haber reparado a las víctimas, incluso delinquiendo después de haber firmado, sentados en el Congreso. Lo que está sin entender es porque quienes están de acuerdo con esa impunidad en cambio pretenden someter al desprestigio y a juicios politizados a los miembros de la fuerza pública.

La decisión del Fiscal General de renunciar demuestra su entereza y su apego a los principios democráticos del Estado de derecho y a este país le hacen falta muestras de carácter. Los colombianos deben defender las instituciones, y seguir la dura batalla de lograr instituciones en las que se puedan confiar todos, todos los colombianos y que nos otorguen una justicia justa.

Álvaro Gómez no estaba equivocado a finales de los 90 cuando dijo: “Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales”. En ese entonces hacía referencia a dineros del narcotráfico que habían tocado las campañas presidenciales. Hoy, 20 años después volvemos a lo mismo.

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