El presidente Gustavo Petro continúa promoviendo su última propuesta y haciendo un “llamado al pueblo” para una Asamblea Nacional Constituyente, anunciada el viernes pasado desde Cali.
Según un documento de tres páginas titulado “Proceso constituyente Abecé”, emitido por la Presidencia, el Gobierno explica que “la Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo democrático contemplado en la Constitución del 91” y que “cuando se abre la posibilidad de una constituyente, es el pueblo quien decide”.
El presidente Petro ha destacado este enfoque como un ejercicio de democracia. Se enfatiza que el presidente no tiene poder unilateral para decidir sobre el futuro de una Asamblea Nacional Constituyente y que este proceso no busca rescatar los proyectos de ley que hayan sido bloqueados en el Congreso.
Posteriormente, el abecé señaló que la Asamblea Constituyente “no implica alterar la Constitución del 91” y que “lo esencial para su aprobación radica en abordar lo que, en las últimas tres décadas, las autoridades constituidas no han logrado avanzar”.
El documento continúa afirmando: “Los electores de Gustavo Petro no votaron en contra de la Constitución del 91. Sin embargo, votaron por un cambio en el régimen de facto existente o preponderante. A través del voto, la voluntad expresada en Colombia es clara: se busca un cambio”.
Ante esta perspectiva, se destacaron seis puntos que “requieren atención urgente”. En primer lugar, la implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016, el cual, según se afirma, fue descuidado y objeto de ataques durante la administración anterior. En segundo lugar, se resalta la necesidad de garantizar a corto plazo las condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, lo que incluye acceso a la salud, pensiones y agua potable.
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El tercer punto mencionado es una reforma judicial que acerque el sistema judicial a los ciudadanos, lo haga más eficiente y contemple una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías de no repetición.
Por otro lado, está la “propuesta alrededor del reordenamiento territorial, donde se fortalezca la autonomía local siempre y cuando el territorio excluido sea rápidamente incluido y empoderado”; el cambio climático; así como establecer un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación”.
Posteriormente, el documento argumentó que “la Constitución de 1991 no se aplicó”, y agregó que “las confesiones ante la justicia de los actores implicados en los conflictos de las últimas décadas demuestran que, en lugar de avanzar hacia el Estado Social de Derecho propuesto, se consolidó un régimen mafioso”.
También se explicó que para la reforma judicial es esencial asegurar una justicia imparcial e independiente, y se reiteró el compromiso del presidente de la República de respetar la independencia de los poderes y la autonomía judicial, tal como lo estipula la Constitución.
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En relación al debate sobre la posibilidad de revivir la reelección presidencial, que estuvo vigente en Colombia entre 2006 y 2014, el Gobierno afirmó que no se busca una reelección presidencial ni la extensión del mandato, asegurando que no promoverá reformas constitucionales en ese sentido.
Finalmente, se afirmó que el Gobierno de Petro no ha llevado a cabo expropiaciones y que la propiedad privada no se verá afectada. Se concluyó destacando que el proceso constituyente podría concluir antes o después de 2026, ya que no está sujeto a ese año en particular.
