El alto tribunal decidirá si el Congreso era competente para establecer penas distintas a las que se establecieron en los acuerdos de paz, contra los actores armados que cometieron delitos sexuales.
Este jueves termina la votación de los 162 artículos que componen la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La norma regula temas complejos como la participación política de exguerrilleros, extradición ante nuevos delitos y abusos sexuales a menores, entre otros.
Uno de los temas a votar será la mayoría absoluta que se tendrá en cuenta en las votaciones de Congreso, en donde se estipularía que para establecer dicho número no se tendrán en cuenta las sillas vacías.
También se definirá la constitucionalidad de los contenidos repetidos de la ley de amnistía, las reproducciones del Acto Legislativo 01 de 2017 (Acuerdos de paz) y las disposiciones que corresponden a la ley orgánica del presupuesto.
Así mismo, se discute si serán competencia de la Justicia Transicional los delitos no amnistiables cometidos por los antiguos cabecillas de las FARC, hechos considerados como crímenes de lesa humanidad.
Sobre el tema de la participación política, los magistrados definirán si ratifican su compatibilidad entre el ejercicio democrático y la purga de las penas a las que sean condenados en la jurisdicción especial.
En la Corte también se toman decisiones concernientes con la Fiscalía General de la Nación, sobre si se les ordena priorizar las investigaciones en contra de terceros y agentes del Estado no combatientes que no se sometieron a la JEP.
También se definirá el tema de las inhabilidades para los magistrados de la JEP, las que tienen que ver con los periodos previos y posteriores a su posesión como jueces del tribunal.
El alto tribunal además decidirá si el Congreso era competente para establecer penas distintas a las que se establecieron en los acuerdos de paz, contra los actores armados que cometieron delitos sexuales.
Finalmente, se analizará la posibilidad de extraditar a exintegrantes de Farc que cometan delitos luego de la firma de los acuerdos de paz.
