La próxima marcha está programada para el 3 de noviembre y los manifestantes aspiran dirigirse al palacio de gobierno.
CARACAS, Venezuela (AP) — Decenas de miles de opositores marcharon ayer miércoles en Caracas para manifestar su rechazo a la suspensión del proceso que activaría un referendo para recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
La confrontación política en el país escaló desde el martes, después de que la Asamblea votara a favor de iniciar un juicio político al presidente por la supuesta ruptura del orden constitucional.
Sin embargo, es poco probable que la votación del martes tenga consecuencias legales: aunque ésta será dominada por la oposición, Maduro sigue en control de otras ramas del gobierno, como las Fuerzas Armadas y el Tribunal Supremo, que ya ha declarado ilegítima la Asamblea Nacional.
Al grito de “¡Democracia sí, dictadura no!” y “¡Queremos contarnos ya!”, los manifestantes se congregaron en una autopista de la capital para exigir la “restitución del hilo constitucional” y la realización del referendo.
“Estoy aquí porque quiero que mis nietos tengan un futuro mejor, que podamos sacar a un presidente que viola la constitución y nos quitó el derecho a elegir”, dijo Josefa Machado, una ama de casa 64 años, a The Associated Press.
Los oficialistas también se reunieron y realizaron una pequeña concentración en el centro de la ciudad, cerca del palacio de gobierno, un territorio vedado desde hace más de tres lustros para los manifestantes antigubernamentales.
Líderes opositores prometieron el miércoles que la próxima marcha prevista para el 3 de noviembre se dirigirá al palacio de gobierno si el gobierno no revierte el bloqueo del referendo.
Anteriores intentos de marchar hasta las sedes de los poderes públicos en el centro de Caracas fueron detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado. En tanto, otras capitales estatales registraron escaramuzas entre opositores y policías antimotines, informaron medios de comunicación locales.
El Consejo Nacional Electoral —también controlado por el oficialismo— suspendió el proceso de recolección de los cuatro millones de firmas necesarias para activar el referendo bajo el argumento de que acataba órdenes de tribunales penales que detectaron un fraude en una colecta previa. Sin embargo, esta consulta ofrecía la mejor vía para resolver la crisis política y económica de manera pacífica.
Los legisladores de oposición sustentaron la pertinencia del juicio político contra el presidente con el argumento de que el mandatario ha dejado de lado sus tareas y deberes constitucionales. Sin embargo, es poco probable que el proceso concluya de la misma manera que en otros países latinoamericanos como Brasil, donde la presidenta Dilma Rousseff fue destituida de su cargo.
Líderes opositores dijeron que la próxima marcha será el 3 de noviembre y que los manifestantes aspiran dirigirse al palacio de gobierno, un lugar que por casi 20 años ha estado vedado para las protestas antigubernamentales.
