Procuraduría advierte retraso en contratación
Las demoras en la contratación de los servicios del Programa de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF- tienen en riesgo a por lo menos 1, 2 millones de menores en el territorio nacional que esperan su continuidad. Las alertas las prendió la procuradora Margarita Cabello, luego de un barrido hecho por distintas zonas del país evidenciando los graves problemas que enfrenta la entidad con los procesos de selección de operadores, suscripción de contratos y el inicio en la ejecución de estos, lo que ha generado graves inconvenientes a los derechos de los niños, niñas y madres gestantes. En las diligencias de seguimiento, el ente de control constató la falta de planeación y capacidad del ICBF para implementar el nuevo modelo para la contratación del servicio y los retos que este acarreaba, quedando corta ante la magnitud de la continuidad del Programa de Primera Infancia. Un caso palpable por la preocupante situación que se vive es lo que sucede el departamento de La Guajira, en donde por lo menos 44 mil niños de la comunidad Wayuu padecen la falta del Programa de Primera Infancia, el cual contempla educación inicial, alimentación nutritiva, acompañamiento a las familias, entornos protectores y espacios a los menores y madres gestantes.
Otra acusación a Caicedo
La abogada Ximena Echavarría responsabilizó a Carlos Caicedo Omar de “cualquier afectación a su integridad”, a raíz de la reacción del exmandatario departamental a la decisión del Consejo de Estado de anular la personería jurídica a su partido Fuerza Ciudadana. La abogada chocoana respondió a un post en X de Caicedo diciendo que, “Sr. Caicedo, sus declaraciones tratando de minimizar y politizar una decisión jurídica, sólo deja en evidencia su misoginia. Con esto lo único que logra es perfilarme y exponer mi seguridad, razón por la que lo responsabilizo inmediatamente por cualquier afectación a mi integridad”. Claramente el post de Caicedo provocó el temor de la abogada, ante las consecuencias del fallo del máximo Tribunal Administrativo, al interior de esa colectividad que se ha caracterizado por el fanatismo como principal doctrina.
Piden respuesta del Tribunal
El excandidato a edil Olaff Cotes, quien por intermedio de su apoderado abogado Humberto Diaz Costa, accionó ante el Tribunal Administrativo del Magdalena en contra de la elección de Luz Helena Andrade, en la Alcaldía de Fundación, le pidió a ese tribunal un pronunciamiento con respecto a dicha demanda, la cual fue admitida el pasado 1 de febrero. El demandante hizo llegar a la magistrada ponente Maribel Mendoza Jiménez, certificación de la publicación por edicto de la notificación personal a la alcaldesa Luz Helena Andrade, del auto de admisión de la demanda en dos periódicos de circulación nacional, con fecha 6 de marzo del presente año a fin de cumplir con los preceptos de la norma, a fin de que se proceda a darle curso a la demanda.
Pasa al Consejo de Estado
Y a propósito de demandas de nulidad electoral, dos de las instauradas con contra del acto de elección de Lorena Luz Rada como alcaldesa de El Piñón, pasaron a decisión del Consejo de Estado, tras concederse en efecto devolutivo por parte del magistrado ponente Adonay Ferrari, el recurso de apelación contra las providencias calendadas el 20 de febrero pasado a través de las cuales se negaron las medidas cautelares de suspensión de la elección de la citada alcaldesa. Uno de los autos corresponde a la demanda de Diana Salas Martínez y el otro a la demanda de Rafael Ustaris Gullo. Será el Consejo de Estado, el que definirá si concede o no la medida cautelar de suspensión de la alcaldesa Rada De La Hoz.
Lorena Rada
Trampas en transporte escolar
La contratación del transporte escolar en el municipio de Plato también ha venido siendo objeto de múltiples irregularidades susceptibles de investigación por parte de los organismos de control. Así se evidencia en un video publicado por un ciudadano de la zona rural que logró captar imágenes de tres niños caminando de a pie por un camino de la zona rural de Plato hacia el colegio, mientras que otros eran transportados en mototaxis, cuando la administración municipal a cargo del alcalde Armando Campuzano acaba de adjudicar un contrato por 1.200 millones de pesos para la prestación de ese servicio escolar. Este tipo de contratos al parecer hace parte del denominado “cartel de la contratación” en Plato y desde hace varios años viene siendo adjudicado al mismo contratista, bajo todo tipo de irregularidades. En la próxima edición destaparemos las “triquiñuelas” implementadas para quedarse con este contrato el cual cumplen a medias en una especie de asalto al erario municipal.
Por Rubén Peña Noriega
Redacción Política
EL INFORMADOR
