Colombia y Catar acuerdan transferencia de 4 condenados a cadena perpetua

Judiciales - Internacional
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(EFE).- Cuatro colombianos condenados a cadena perpetua en Catar por delitos relacionados con el narcotráfico volverán a su país después de que la Defensoría del Pueblo de Colombia acordara su transferencia con el Estado catarí.


La entidad señaló este domingo en su cuenta de Twitter que el acuerdo se logró después de una "acción humanitaria" liderada por el defensor del pueblo colombiano, Carlos Alfonso Negret, "con el concurso" del presidente del Comité de Derechos Humanos de Catar.

Como parte de ese trabajo, Negret "intercedió" ante las autoridades de ese país asiático "para aliviar el dolor de 4 familias colombianas que tienen familiares condenados a cadena perpetua en este país".

"Gracias a ello, el primer ministro de Catar autorizó la transferencia de los ciudadanos a Colombia. Esto se logra después de varios meses de gestión directa y la mediación del defensor Negret, al concurso y los esfuerzos de ambas instituciones, y la buena voluntad del Estado catarí", señaló la Defensoría.

Con el acuerdo logrado los colombianos Juan Pablo Iragorri, Francisco Javier Vergara, Yesid Mejía Herrera y Martha Yanira Castellanos volverán al país, si bien no se detalló la fecha de llegada.

De estos casos, el único del que hay información pública es de Iragorri, un paracaidista que fue detenido en Catar en 2011 y supuestamente sometido a torturas y obligado a firmar una declaración de culpabilidad en árabe, idioma que no habla y en la que admitía haber cometido los delitos de narcotráfico y falsedad documental, según denuncias de su familia.

A finales de 2012 Iragorri fue condenado a cadena perpetua y desde entonces cumple condena en la cárcel central de Doha, por lo que incluso envío una carta al entonces presidente Juan Manuel Santos en la que le pidió que intercediera en su caso.

Incluso, el abogado de Iragorri, primo tercero del exministro de Agricultura Aurelio Iragorri, pidió en febrero de 2017 medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a su apoderado. EFE