El presidente Nicolás Maduro y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, han defendido la decisión.
Caracas (AP) — La fiscal general de Venezuela abrió ayer siete investigaciones por los civiles detenidos que son juzgados por tribunales militares, en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias que señalan al Gobierno de violar tratados internacionales.
Luisa Ortega Díaz dio un nuevo paso en su distanciamiento del Gobierno al cuestionar estos procesos y sostuvo que esas acciones son contrarias a la constitución.
La funcionaria dijo en conferencia de prensa que presentó un amparo por la negativa de un tribunal militar a pronunciarse sobre una solicitud del Ministerio Público. De acuerdo con estimaciones de la organización Foro Penal Venezolano, unos 334 civiles son procesados en la actualidad por tribunales militares.
El presidente Nicolás Maduro y el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, han defendido que los civiles detenidos sean procesados por tribunales militares alegando que esas acciones están enmarcadas dentro de la ley.
Algunos opositores denunciaron que el Gobierno decidió recurrir a la justicia militar porque perdió el control de la Fiscalía General.
Preocupación
Ortega Díaz también manifestó preocupación por los más de 500 casos de civiles heridos por la acción de las fuerzas de seguridad y exhortó a los altos mandos militares a que mantengan un control y seguimiento de los funcionarios que actúan en la contención de las protestas.
El Ministerio Público imputó a 19 policías y militares por los delitos de homicidio, trato cruel e inhumano, uso indebido del arma, privación ilegítima de libertad y violación de domicilio en el marco de las protestas de los últimos dos meses.
Mientras tanto, varios miles de opositores marcharon el miércoles por el este de Caracas en rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral de posponer hasta fin de año la elección de gobernadores y acelerar el proceso constituyente promovido por Maduro.
Cientos de policías con equipos antimotines bloquearon el paso a los manifestantes cuando intentaban avanzar hacia la sede del Consejo Nacional Electoral, en el centro de Caracas.
Un grupo de manifestantes tomó la principal autopista de la capital y fue reprimido por guardias nacionales que les lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma y potentes chorros de agua desde un camión cisterna.
La Constituyente
El mandatario entregó el martes a las autoridades electorales las bases para la elección de los 540 miembros de la Asamblea Constituyente por territorios y sectores, proceso que según juristas y opositores viola el precepto constitucional que obliga a elecciones universales, directas y secretas.
El gobierno avanza en el proyecto en un contexto de creciente tensión política ante la multiplicación de las protestas que en los últimos dos meses han dejado 55 muertos, unos mil heridos y 284 detenidos.
