MEXICO (AP) — María Teresa Rivera, una mujer salvadoreña de 32 años, sufrió un aborto espontáneo en 2011 y la llevaron a un hospital.
Pero en el hospital no solo le curaron la hemorragia. También llamaron a la Policía, que la detuvo y la puso a disposición de un juez que la condenó a 40 años de prisión por "homicidio agravado".
En los cuatro años que lleva entre rejas, solo le han dejado ver a su hijo de 10 años cuatro veces. Una vez al año.
Rivera es una de las 19 mujeres encarceladas en El Salvador por haberse sometido a abortos o haber sufrido abortos espontáneos en El Salvador, donde la ley no permite la interrupción voluntaria del embarazo en ninguno de los supuestos aceptados en la inmensa mayoría del mundo. Amnistía Internacional hizo público el lunes un informe sobre la situación de las mujeres encarceladas en El Salvador por esta situación. "La extrema legislación contra el aborto vigente en El Salvador está teniendo un efecto devastador en las vidas de decenas de niños y niñas cuyas madres, tras sufrir abortos espontáneos u otras emergencias obstétricas, permanecen entre rejas acusadas de haberse sometido a abortos ilegales", según el informe. Amnistía también acusa a la justicia salvadoreña de que muchas de las condenas se emiten a partir de "pruebas débiles o no concluyentes".
Asimismo, señaló que la mayoría de las mujeres que se ven sometidas a la justicia son pobres. Muchas, madres solteras que son además el "principal sostén económico de sus hogares" y cuyos hijos, debido al encarcelamiento materno "quedan a menudo en condiciones extremadamente difíciles".
Además, como en todos los países en los que el aborto está prohibido, en El Salvador existen clínicas en las que se practican abortos y en las que el personal médico no presenta denuncias contra las mujeres, a cambio de dinero.
