La acción legal tiene como objetivo solicitar ciertas pretensiones que, según el demandante, son necesarias para mejorar las condiciones en la comunidad.
Ante las autoridades judiciales del municipio de Ciénaga, Magdalena, fue instaurada una demanda en contra del Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Ciénaga (Intracienaga), por parte de un ciudadano, con la que se busca que anular 3.000 fotomultas, de las que asegura son ilegítimas.
William Abel Mercado Redondo, a través de su representante legal, presentó la acción ante el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Santa Marta, alegando que las fotomultas fueron impuestas de manera irregular y sin el debido proceso.
Tras un análisis exhaustivo, el despacho judicial admitió la demanda al considerar que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 472 de 1998, Artículo 18.
Dicha demanda argumenta que, las fotomultas son ilegales porque en ellas falsificaron la firma de un agente de tránsito, mientras el funcionario a cargo estuvo incapacitado por una cirugía de corazón abierto. Por esta razón, los más de 3,000 vehículos que fueron sancionados no deberían pagar ninguna multa a la entidad.
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Como parte del proceso, el Juzgado ha ordenado la notificación personal al Alcalde Municipal de Ciénaga, Luis Fernández Quinto, y a la agente del Ministerio Público, quienes tendrán un plazo de diez días para presentar sus argumentos y pruebas.
Además, se ha dispuesto la divulgación de la demanda en medios de comunicación masivos, como prensa o radio, para informar a la comunidad sobre la acción legal emprendida.
Asimismo, se ha solicitado a los funcionarios de Intracienaga que remitan un informe detallado sobre los hechos relacionados con la demanda en un plazo de cinco días.
Esta acción legal cometida en contra de los conductores representa un paso importante en la defensa de los derechos colectivos de la comunidad que se consideran vulnerados por la presunta irregularidad en la imposición de las fotomultas.
El Juzgado tomará una decisión definitiva dentro de los 30 días posteriores a la admisión de la demanda.
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Un billón de pesos en fotomultas
Por medio de un documento, presentado por el demandante se señala que, el monto de las sanciones sería de, un billón trescientos sesenta y siete millones setecientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta y siete, de una deuda cuantiosa a la entidad, debido a las 3.889, fotomultas de tránsito presentadas en el comprobante.
Ante esta situación, el demandante exige celeridad de los términos para evitar la cancelación de las infracciones que fueron impuestas de manera ilícita, para el denunciante.
Finalmente, la demanda presentada por el abogado Mercado Redondo detalla las diferentes irregularidades en la imposición de esas sanciones de tránsito.
Entre ellas, destaca el uso ilegal de la firma electrónica del agente de tránsito, Miguel Ángel Pérez Rovira, quien según consta en los registros de la EPS Coomeva, se encontraba incapacitado por una cirugía de corazón abierto realizada en la Clínica León XIII de Medellín y posteriormente en la Clínica La Milagrosa de Santa Marta durante el período en el que se emitieron las fotomultas.
Esta acción popular representa una defensa de los derechos colectivos de la comunidad afectada por la presunta irregularidad en la imposición de las fotomultas.
Cabe resaltar que se trata de un caso en curso, por lo que el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Santa Marta tendrá la última palabra y emitirá una decisión definitiva sobre la validez de las fotomultas en un plazo de treinta días hábiles a partir de la admisión de la demanda.
La persona que esté afectada con una de estas fotomultas ilegales, puede constituirse como parte dentro de esta acción popular que se sigue en el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta, radicado 47-001-3333-004-2020-00066-00
Por medio del siguiente enlace están todas las fotomultas ilegales https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEDkYqyLSFYRCX26tuGDE89L7VCpXIKm
