Entre los procesos con mayor relevancia del organismo, destaca el de responsabilidad fiscal por la suma de $5.451 millones por incumplimiento de un contrato del Fondo Adaptación para el diseño y construcción de instituciones educativas en municipios del departamento.
La Contraloría General de la República entregó un balance de su gestión en el Magdalena, resaltando tres casos emblemáticos que adelanta en materia de responsabilidad fiscal, en distintas etapas, por la suma de $7.615 millones.
En una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, que tuvo lugar en el auditorio de la Universidad Antonio Nariño, se destacaron los siguientes casos, donde el común denominador es el incumplimiento en la ejecución de las obras contratadas.
El primer caso registra en San Zenón, en donde se determinó que las viviendas en construcción de la urbanización ‘José David Martínez Chamorro’, no cumplen con las normas nacionales, lo cual genera un detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de más de $405 millones. Fueron declarados responsables el alcalde municipal de ese momento, el arquitecto contratista y el interventor.
Con respecto al Fondo de Adaptación, se estableció un incumplimiento en la ejecución del contrato de obra 106 de 2013 celebrado por la entidad para la construcción de instituciones educativas en algunos municipios del departamento, en este proceso la suma supera los $5 mil millones y el principal vinculado es el contratista.
Y finalmente, en El Banco fue suscrito un convenio interadministrativo con la empresa de servicios públicos El Banco SA ESP, para la ejecución de proyectos de acueducto y alcantarillado, con cargo a recursos de regalías.
Los proyectos se relacionaban con la construcción del sistema de alcantarillado para la zona tres, construcción de la etapa II de la misma zona, y construcción y optimización del sistema de acueducto y sistema de alcantarillado del Municipio, sin que se adelantara toda la construcción de obra contratada. El presunto daño identificado por el organismo se cuantifica en la suma de $1.758 millones, siendo vinculados al proceso el alcalde y el gerente de la ESP de la época, junto al consorcio contratista e interventor.
De esta manera, la contraloría identificó los principales casos presentados en el departamento que, gracias al seguimiento ejercido, pudieron ser esclarecidos.
