Desde el 1 de mayo se vencieron los contratos y hoy todos los Hogares Comunitarios de Bienestar, en sus modalidades Tradicional y FAMI se encuentran cerrados. La orden presidencial de contratar con las Asociaciones de Padres de Familia o Madres Comunitarias traumatizó el proceso de contratación que venía funcionando de manera oportuna.
Cerca de 30 mil niños vulnerables en todo el departamento del Magdalena están sin atención en el Programa de Atención a la Primera Infancia, que brinda el Instituto de Bienestar Familiar, a través de los denominados Hogares Comunitarios de Bienestar en sus modalidades Tradicional y FAMI.
Lo anterior, provocado por el mismo gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha causado en el Instituto todo un ‘desastre’ a raíz de una directiva presidencial que tiene corriendo bases al equipo jurídico, a los directores regionales y a la misma directora general, Astrid Cáceres.
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Lo que se ve venir al interior del ICBF, según entendidos en la materia, es el destape de otra ‘olla podrida’ que puede desencadenar en el hundimiento de la entidad o en el fortín politiquero y de enriquecimiento de sectores populares que muy seguramente va a repercutir en el empoderamiento del izquierdismo en todo el territorio nacional.
En el caso de la regional Magdalena, y al parecer también ocurre en el resto del país, desde el 1 de mayo se vencieron los contratos a los operadores del servicio y hoy todos los esas modalidades se encuentran cerrados.
Una fuente del Instituto informó que, lo anterior es producto del caos total que existe en el Instituto a nivel país, a raíz de la directiva presidencial en la que el presidente Gustavo Petro ordenó contratar tales servicios con las organizaciones de base conformadas por las mismas madres comunitarias denominadas como Asociaciones de Padres de Familia (APF). Lo cual quiere decir que, las mismas madres comunitarias serán las encargadas de operar los programas convirtiéndolas en jefes y trabajadoras al mismo tiempo.
“Se podrá imaginar usted lo que sucederá cuando estas asociaciones comiencen a operar esos programas, si, así como opera en la actualidad el sistema, las denominadas madres comunitarias hacen lo que les da la gana con la alimentación de los niños y hasta le dan manejo a la entrega de las raciones; como será operando y trabajando al mismo tiempo; sobre esas irregularidades hay miles de denuncias de los operadores”, comentó la fuente.
Recientemente, la Veeduría, denunció al director (e) de la regional Magdalena, Leonardo Pérez, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por más de 42 mil millones de pesos a los operadores que tradicionalmente venían operando el servicio en el Magdalena, y no habérselos adjudicados a las asociaciones de padres de familia.
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Esa denuncia y esa directiva presidencial ha traumatizado al instituto en el cumplimiento de los contratos ya adjudicados a las fundaciones, sometiendo al Instituto a una eventual demanda multimillonaria; además de los perjuicios causados a la población infantil del Magdalena que desde el pasado 1 de mayo no reciben atención ni los alimentos nutritivos que contempla el programa.
Pero peor aún, a la fecha no se les ha pagado a las madres comunitarias el mes de abril ni la liquidación por los contratos que culminaron el pasado 30 de abril.
Lo que dicen expertos en el tema es que, si el Instituto no resuelve el lío jurídico en que se metió al adjudicar los contratos a los operadores tradicionales, para lo cual les dio autonomía a los directores regionales, antes de que la directiva presidencial entrara en rigor, los programas que benefician a los niños estarán suspendidos por un buen rato en detrimento de la nutrición de la niñez magdalenense.
