Difícil situación enfrentan los argentinos por el pago de su deuda económica. La ley argentina que busca eludir el bloqueo para que bonistas cobren vencimientos de deuda dispuesto por un juez neoyorquino presenta dificultades para aplicarse y podría empeorar la economía del país.
La presidenta argentina ha recurrido a toda clase de decisiones para evitar el pago, pero hasta ahora todo ha sido infructuoso. El Congreso argentino aprobó la víspera un cambio de agente de pago voluntario de los bonos reestructurados y autorizó la emisión de nuevos títulos bajo jurisdicción argentina y francesa. La normativa fue sancionada gracias al peso del oficialismo y resistida por la mayoría de los opositores. Esta ley tendrá muchas dificultades para aplicarse de forma efectiva; dependerá de la actitud de los bonistas, que tendrían que aceptar cambiar la jurisdicción de Estados Unidos a Argentina o Francia.
Con la ley el gobierno pretende sortear el bloqueo que a fines de junio aplicó el juez estadounidense Thomas Griesa al pago de vencimientos de títulos por unos 540 millones de dólares a los bonistas que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, al entender que los fondos que ganaron un juicio contra Argentina en Nueva York deben cobrar antes y al contado al menos 1.500 millones de dólares por bonos en cese de pagos desde 2001. La imposibilidad de cobrar esos vencimientos hizo que calificadoras de riesgo declarasen a Argentina en default el 30 de julio, tiempo desde el cual los argentinos no han tenido más que para pensar en cómo solventar esta deuda, ya que es difícil que los bonistas acepten el cambio del lugar de pago y que Argentina pueda evitar caer en default el 30 septiembre cuando debe abonar unos 200 millones de dólares en nuevos vencimientos de deuda.
Pero podría ocurrir que Argentina asegure que pagó y los bonistas que no quieren el cambio digan que ellos no recibieron el dinero; por otro lado, la ley no soluciona el conflicto con los fondos litigantes a los que el gobierno denomina "buitres". Por el contrario, Argentina hasta aquí siempre ha manifestado su vocación de regularizar su situación con el 100 por ciento de los acreedores y eso se hace efectivo en esta norma ya que también contempla al 7 por ciento que quedó fuera de los canjes.
La ley prevé la creación de una cuenta especial en el Banco Central a nombre de los tenedores de bonos que no adhirieron a los canjes, aunque se les ofrece títulos por el mismo valor y condiciones que a los acreedores reestructurados. Los fondos de inversión que demandaron al país en Nueva York ya rechazaron esa oferta.
Economistas también advirtieron que Nación Fideicomisos no reúne los requisitos para ser agente de pago, como tener una sucursal habilitada en Nueva York. El gobierno anunció que depositará allí el dinero "hasta su efectivo cobro por parte de los acreedores". La ley reconoció asimismo el derecho de los tenedores de bonos a designar otro agente de otro país que garantice el canal de cobro.
Mucho se ha hablado y se ha hecho para evitar tener que cumplir la orden del juez, porque ello infringe los contratos con los bonistas que aceptaron los canjes y provocaría millonarios reclamos. Este impedimento legal caduca el 31 de diciembre, lo cual habilitaría al gobierno de Fernández a negociar con los inversores litigantes. No obstante, no está claro qué estrategia adoptará el país sudamericano a sabiendas que la ley argentina busca eludir el bloqueo para que bonistas cobren vencimientos de deuda dispuesto por un juez neoyorquino presenta dificultades para aplicarse y podría empeorar la economía del país.
El Congreso argentino aprobó la víspera un cambio de agente de pago voluntario de los bonos reestructurados y autorizó la emisión de nuevos títulos bajo jurisdicción argentina y francesa. La normativa fue sancionada gracias al peso del oficialismo y resistida por la mayoría de los opositores. Con la ley el gobierno pretende sortear el bloqueo que a fines de junio aplicó el juez estadounidense Thomas Griesa al pago de vencimientos de títulos por unos 540 millones de dólares a los bonistas que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, al entender que los fondos que ganaron un juicio contra Argentina en Nueva York deben cobrar antes y al contado al menos 1.500 millones de dólares por bonos en cese de pagos desde 2001.
Argentina cuenta con los recursos, tiene una previsión para eso. Tiene una situación de solvencia para afrontar sus compromisos de deuda, pero sostiene que no puede cumplir la orden del juez Griesa porque ello infringe los contratos con los bonistas que aceptaron los canjes y provocaría millonarios reclamos. Este impedimento legal caduca el 31 de diciembre, lo cual habilitaría al gobierno de Fernández a negociar con los inversores litigantes. No obstante, no está claro qué estrategia adoptará el país sudamericano. Este país está en una verdadera encrucijada.
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