Justicia a la carta

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Hernando Pacific Gnecco

Hernando Pacific Gnecco

Columna: Coloquios y Apostillas

e-mail: hernando_pacific@hotmail.com

Frecuentemente los medios informan del linchamiento de algún ladronzuelo. Cuando se rumora por la calle de la compraventa de sentencias judiciales, aparece un escándalo que compromete al presidente de la Corte Constitucional, nada menos.

Los vigilantes y porteros se arrogan "derechos" claramente discriminatorios instruidos por sus patrones, segregando las entradas a los lugares según el aspecto del visitante.

Un gomelito borracho y mitómano, con presunciones de grandeza, amenaza y golpea a unos policías que le detienen; un magistrado defendiendo a su hijo por presuntos actos de inmoralidad, y varios funcionarios públicos arrestados en estado de alicoramiento, sacan de su arsenal la amenazante frase "¿usted no sabe quién soy yo?".

Casos como estos mojan prensa a diario, de todas las especies y en todos los lugares, con mayor o menor gravedad según las circunstancias. El hilo conductor, el que desenreda el ovillo, es simple y llanamente la sensación de ausencia del Estado, agravada por las ínfulas de superioridad que algunos demuestran, además de creérselas.

Una cosa es que un ciudadano pretenda defender sus derechos consagrados en la Constitución y la ley, y otra bien diferente es creer que por tener un título, un cargo, un apellido, una cuenta bancaria o una actitud amenazante se puede coartar o impedir la acción de las autoridades.

Se entiende la desesperanza del colombiano cuando le roban y no aparece un policía a los que sólo se les ve diligentes en otros menesteres; cuando algunos operadores judiciales favorecen al infractor y se vuelcan contra el ofendido; cuando algunos agentes parecen ciegos, sordos y mudos con personajes de dudosa conducta; cuando quienes son sorprendidos en flagrancia salen libres pero al raterillo menor que hurta por hambre le afrijolan cárcel con extravagantes condenas; cuando a algunos conductores homicidas bajo el efecto del alcohol y hasta sustancias sicoactivas se les da libertad o casa por cárcel; cuando algunos jueces pagan favores políticos con fallos judiciales o, simplemente, cuando ciudadanos de alto coturno se vuelan del país por "falta de garantías procesales".

No podemos negar que en algunos casos tienen razón. La incredulidad se apodera del ciudadano del común ante la lentitud judicial que deja morir procesos o ante la indiferencia por las quejas que interpone, pero también ante la extraordinaria eficacia cuando se trata de casos de resonancia mediática.

Es entonces cuando deja de creer en un Estado que solo aparece para asaltar sus bolsillos en busca de más impuestos, y es cuando considera menester tomar justicia por mano propia. Cada quien quiere que actúe a la medida de sus necesidades y es entonces cuando aparecen lincha-mientos, sobornos, coacciones y conductas similares, todas punibles.

Mientras tanto, ¿qué hace el Estado por recuperar la imagen y la majestad? No dudo de la honestidad de muchos funcionarios estatales, de su compromiso con mejorar el estado de las cosas, de su interés por justicia justa y demás condiciones necesarias para mejorar el acceso del ciudadano de a pie a los derechos fundamentales.

Pero también se observa el interés de otros por entorpecer la buena marcha del Estado para sacar beneficios del caos, de continuar con carruseles infames que, además de arremeter contra las finanzas públicas, dejan por fuera a muchos profesionales con ganas de cambiar el statu quo de la administración gubernamental.

El país agradecería que sus más altos mandatarios dieran ejemplo a sus ciudadanos permitiendo la acción de la autoridad sin buscar justicia a la carta, para que el elemental principio de igualdad sea efectivo. Estamos hastiados de los personajes que creen poseer derechos extraordinarios que supuestamente les dan el carácter de intocables, de reformas judiciales y políticas que, más que preservar exorbitantes condiciones, las aumentan como otra nueva mofa a la nación.

Privilegios especiales y fueros para colombianos y extranjeros son antipáticos y de mal recibo cuando sirven para atropellar la ley que al ciudadano del común le aplican con furor y contundencia. No estamos en feudos medievales; Colombia merece el mayor respeto y no es violando la norma en beneficio propio como se protege el Estado de derecho. Los tres poderes, separados funcionalmente, deberían defender a quien actúa para hacer cumplir la ley y no, como ahora, inhibiendo su accionar con: ¿usted no sabe quién soy yo?

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