Al principio, nos dijeron que esta guerra era contra las drogas, no contra las personas.
Sin embargo, la evidencia muestra hoy, que el costo que hemos sufrido como sociedad en esta guerra, es desproporcionado frente a los resultados positivos de la estrategia contra las drogas iniciada en Colombia, en los años 70.
El tema regresa a la agenda política a propósito de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Esta fecha, no solo muestra la voluntad política de la comunidad internacional de luchar contra esta amenaza; sino también, reorienta el problema al entenderlo más que como un peligro para los gobiernos, como un grave riesgo para la salud de la humanidad.
No podemos seguir acumulando víctimas en una guerra perdida.
No podemos seguir militarizando este país, comprando armas y helicópteros para combatir a las mafias, creando nuevos sistemas de vigilancia sin seguimiento o entrenando perros antidrogas sin darnos cuenta, de que como resultado directo de estas medidas, lo único que ha bajado es el precio de las drogas. Su pureza, la capacidad de infiltrar al Estado y la rentabilidad de la operación, van en aumento.
Negar que la estrategia de militarización ha debilitado al Estado y permitido altos niveles de corrupción en el gobierno, que los narcotraficantes más allá de organizaciones criminales se han convertido hoy día en una clase económica y social que contamina la identidad cultural de nuestro país y que esta guerra se está librando contra las personas, más que contra las drogas, impide darle una perspectiva nueva y más humana al problema.
En otras palabras, lo que quiero hacer, es un llamado a recoger evidencia científica sobre los tipos de consumos en el país, a explorar nuevos usos terapéuticos de las drogas, a hacer un análisis crítico del enfoque que hemos tenido sobre el tratamiento de las drogas y en general, a hacer un debate abierto, sobre cuál es la mejor forma de regular su uso, explorando alternativas más eficaces para controlarlo.
