Esta vaina de la política tiene que ser el mejor negocio ilícito que se hace abiertamente en Colombia o tenemos el peor sistema democrático del mundo.
De lo contrario ¿cómo explicar que para 166 vacantes en la Cámara de Representantes se hayan presentado 1.602 candidatos y para los 102 cupos que existen en el Senado se hayan inscrito 806 interesados? Hasta los indígenas y las negritudes ya se dejaron contagiar de la fiebre.
Según el reporte entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los comicios del 9 de marzo del año entrante vamos a encontrar un tarjetón con 2.438 personas aspirando al Congreso. Una cosa de locos. Ya entiendo porque una campaña política de estas puede costar entre los 1.500 y 5.000 millones de pesos.
Ellos tienen las cuentas bien claras y la organización bien montada. Para asegurar una curul al Senado deben conseguir 35.000 votos que a razón de cien mil pesos cada uno, les da un presupuesto de 3.500 millones de barras. Cada teniente o líderes electorales de pueblo, tienen sus grupos de votantes organizados en los patios de sus casas y los ponen a votar de cinco en cinco.
Las tulas con el dinero, por lo general llegan un día antes. Si el sueldo promedio de un Congresista es de 24 millones de pesos mensuales ($1.152 millones en cuatro años), ya se imaginarán como van a recuperar la diferencia.
Se preguntarán ustedes ¿y de dónde sacan tanto dinero para financiar una campaña política? Pues hay muchas formas. La mermelada que les reparte el Gobierno es una de ellas. Un caso patético, es el que han denunciado varios medios de comunicación con respecto a los nombramientos que hizo recientemente el Gobierno en el Banco Agrario, ICA e Incoder. Supuestamente los designados son fichas de los senadores conservadores Roberto Gerlein, Efraín Cepeda y Hernán Andrade.
Los presupuestos de contratos y asesorías de esas entidades superan los 1.6 billones de pesos al año, además de un número importante de empleados votantes. Otras modalidades de financiación son el contrabando, el narcotráfico y la hipoteca de sus propiedades a contratistas del Estado.
Claramente, los traficantes de la política son los que tienen a este país en una hecatombe institucional.
El espectáculo de la conformación de las listas al Congreso de los partidos la U y Conservador dejaron un manto de dudas sobre muchos personajes cuyos familiares han estado vinculados con estas prácticas clientelistas e ilícitas.
A esos cargos, como los de elección popular de alcaldes y gobernadores, están llegando muchas personas mediocres, sin ningún mérito y sin las competencias para ejercer dichas dignidades. El progreso de sus regiones y su gente, les importa un pepino y solo piensan en incrementar su patrimonio y el de su familia.
Las listas están inscritas y todos sabemos quiénes son los traficantes de esta política en Colombia. Si queremos que este país mejore en algo, no vendan su voto.