El departamento del Magdalena se ha caracterizado por tener malos gobernantes en sus últimos doce años. Así lo señala la historia y el presente, cuando ocupa el primer lugar en pobreza y miseria, no por el hecho de de que los recursos económicos sean pocos, sino por la manera y forma de cómo lo invierten; porque saquean las arcas del ente territorial. Dicho de otra manera, ocupa el primer lugar en corrupción. Los escándalos por los malos manejos de la cosa pública están a la orden del día, como quiera que no aparezca representada la inversión en el bienestar de la población vulnerable y miera.
La persona del Gobernador está siendo cuestionada por la prensa nacional escrita de alta circulación por cuanto dice, por un flanco, que es bastante joven y se encuentra poco preparado académicamente y falta de experiencia para desempeñar semejante cargo, aunado a que el ente se encuentra en un estado de prostación social y, por el otro, de que proviene de una familia cuestionada por la justicia: pero el cuestionamiento más serio, según la prensa, es porque las personas que eligió en su gabinete, representan viejas estructuras y peligrosas amistades que gobernaron al departamento y se repartieron el presupuesto como quisieron. Allí está el cuestionamiento.
Considero que es poco tiempo para tal cuestionamiento y que a su gabinete es necesario darle un compás de espera al igual que al Gobernador. Cuestionar a la persona del Gobernador por el hecho de que proviene de familia con estructura de poder político enquistado en el departamento, es desconocer, desde ya, la capacidad que se tiene de una persona sin haber comenzado a ejercer su mandato. No es cierto ese adagio popular cuando dice que por el desayuno se conoce lo que se brindará en el almuerzo. Ello no es posible aplicarlo para el caso. Al Gobernador y a su gabinete habrá que cuestionarlo dentro del contexto de cómo y de qué manera, dónde invertirá el recurso público y a qué tipo de población le dará prioridad; el cuestionamiento se dará en la medida que no brinde transparencia en la inversión de los recursos cuando decida contratar las obras de beneficio social como quiera que estas constituyen las venas abiertas por donde se esfuman la mayoría de ellos y van a parar a las arcas privadas; habrá que cuestionarlo cuando no permita la creación de veedurías ciudadanas para que vigilen la inversión de los recursos públicos para el momento que se dé la contratación y ejecución de los diferentes contratos; habrá que cuestionarlo cuando incumpla la inversión de recursos económicos suficientes para el gasto y bienestar social en resolver las necesidades básicas de ese universo de personas; habrá que cuestionarlo por el hecho de no invertir en el mejoramiento y construcción de las vías de acceso para los pueblos que hoy, ni siquiera se les puede llamar trochas, habrá que cuestionarlo, igualmente, si no invierte en la creación de bancos de alimentos y de esa manera perseguir la seguridad alimentaria; habrá que cuestionarlo por el hecho de beneficiar a unos cuantos, particulares y no privilegiar el interés general en cuanto a la inversión social; habrá que cuestionarlo por la negativa de la no inversión y no gestión de recursos económicos necesarios para mejorar las condiciones de vida a esa población vulnerable como los infantes, niños y jóvenes. Allí es donde se necesita cuestionarlo, de lo contrario es como echarle agua al mar para ver si sube su volumen.
El gobernador, Luis Miguel Cotes, sabrá que sí cumple con los principios que apalancan el Estado Social de Derecho de que postula la Constitución Política de Colombia, tiene asegurada su gobernabilidad.