El cobro de la contribución por valorización es un mecanismo de financiación de obras de interés público. Se denomina valorización, debido al incremento del valor económico que estas obras generan en los bienes inmuebles que se benefician directamente de ellas. Por eso, únicamente la pagan los propietarios y/o poseedores de estos bienes. Este mecanismo que data del año 1921 en Colombia ha servido como fuente de financiación del desarrollo urbano de importantes ciudades. De alguna manera la valorización actúa como un Robin Hood, pues recupera una parte del mayor valor que adquieren los inmuebles producto de una inversión pública (sin esfuerzo del propietario) con el fin de que este se reinvierta en nuevas obras para beneficio general de la ciudadanía. La valorización más reciente aplicada en el Magdalena derivó del Plan Vial del Norte (PVN), de cuyo pago estuvieron exentos los estratos 1, 2 y 3. Contrario a la experiencia de otras entidades territoriales, en el Magdalena pudieron más los intereses de unos pocos. De ahí que, en lugar de un Robin Hood, se tuvo un Hood Robin.
El proceso de valorización del PVN se justificó en el innegable mayor valor que adquirieron los inmuebles a partir de la construcción de la doble calzada Ye de Ciénaga-Santa Marta y la Vía Alterna al Puerto (Alcatraces-Mamatoco). El impacto de la doble calzada fue tal que, con solo el anuncio del proyecto, se dispararon las ventas de predios en que antes se localizaban talleres y montallantas para construirse complejos inmobiliarios y hoteleros cinco estrellas, que hoy significan miles de empleo e ingresos fiscales para la ciudad. Los propietarios de predios vendieron al mayor valor posible producto no solo de las expectativas de las obras, sino de la realidad en que estas se convirtieron.
Sobre la Vía Alterna el incremento del valor fue mayor. Se pasó de que no existiera ninguna infraestructura a tener un corredor que permitió una nueva vía de acceso a la ciudad, canalizar el tráfico pesado que a esta ingresaba, y facilitar el ordenamiento y traslado de las actividades logísticas e industriales de la ciudad a lo largo de este eje.
El estudio de valorización del PVN, determinó que, de acuerdo con la inversión de las obras, el recaudo de la contribución se estimaba en $120.000 millones, los cuales financiarían nuevas obras urbanas de alto impacto: paralelas (Aeropuerto-Pozo Colorados y La Lucha-Mamatoco), mejoramiento y rehabilitación de las vías Tres Puentes-Minca, Minca-El Campano-La Tagua, Ye de Gaira-Rodadero y la construcción de la transversal de conexión Vía Alterna-Doble Calzada. De estas, las únicas obras en que la valorización contribuyó como financiación, fue en el mejoramiento y rehabilitación de la vía Minca-El Campano-La Tagua.
Pero ni con estos beneficios reales y potenciales, se contó con la voluntad de la mayoría de los grandes contribuyentes. Todo lo contrario, algunos estos emprendieron campañas de desinformación contra el mecanismo, que implico una guerra jurídica en la que el sistema judicial local terminó por favorecer estos intereses. No obstante que el Consejo de Estado revocó en el año 2021 las arbitrarias decisiones de la justicia local, para ese momento el daño ya estaba hecho. Después de varios años de suspensión, se impidió el recaudo oportuno, y con esto, las obras proyectadas.
Hoy, debido a la suscripción del cuestionado contrato de APP-001-2023, sobreviene la liquidación del contrato 229 de 2006, el cual dio origen al cobro de la valorización, y con esto, el cese de su cobro. Sería bueno que, de esta liquidación, los magdalenenses conocieran los detalles de lo recaudado y en qué fueron invertidos estos recursos.
Recientemente el Gobierno Nacional anunció que utilizará la valorización para la financiación de obras estratégicas de su Plan de Desarrollo. Ojalá el gobierno Distrital, ante las descalabradas finanzas que recibió del gobierno Hood Robin que le antecedió, estudie el uso de este mecanismo como fuente de financiación para ejecutar obras fundamentales para el desarrollo urbano local.