No recuerdo una negociación de salario mínimo en medio de una tormenta como la que estamos atravesando en estos momentos: desaceleración económica, alta inflación y un ambiente hostil y de confrontación generalizada. Un presidente que ataca a la empresa privada y tiene la propensión a desconocer los canales institucionales y privilegiar la agitación social y la intimidación de quienes considera sus enemigos.
La inflación anual a la fecha es de 10,48%, la tasa de desempleo es de 9,2% y la tasa de informalidad es de 55,7%. Tradicionalmente, en Colombia el incremento del salario mínimo se hace por encima de la tasa de inflación; indexación de facto. Por ejemplo, el año pasado la tasa de inflación fue de 13,1% -la más alta en 23 años- y consecuentemente el incremento salarial fue de 16%. Este mecanismo de fijación de salario mínimo tiene consecuencias perversas para la economía y para la gente. La primera es que estos aumentos por encima de la tasa de inflación producen inflación. La segunda es que el encarecimiento de la mano de obra lleva a que las empresas prescindan de personal o se abstengan de contratar o inviertan en tecnología para remplazar mano de obra, y la tercera, como consecuencia de la segunda, se dispara la informalidad laboral. Estamos atrapados en un círculo vicioso.
Pienso que el primer paso para romper este círculo vicioso es cambiar el chip, y que los empleados dejen de ver a los empleadores como enemigos o esclavistas y los vean como socios, y que se pase de la confrontación y conflicto a la cooperación. La enemistad “natural” entre empleado y empleador incluso informa el espíritu de nuestra legislación laboral actual, y esto debe ser cambiado.
Lo segundo es cambiar la metodología para fijar salario mínimo. Los incrementos deberían obedecer a criterios reales y ser negociados por las empresas y las personas según el contexto en el que opera, y no ser fijados arbitrariamente y solo con base en la inflación. Lo que se hace actualmente es lo que lleva a que Colombia tenga una altísima tasa de informalidad laboral. Es necesario aceptar que el camino del desarrollo exige que transitoriamente se acepte la precariedad laboral. Queremos ser un país desarrollado pero no queremos pagar el precio. La política actual no permite que las empresas crezcan y hace difícil crear empresas formales.
Técnicamente, la única inflación que debería tomarse en cuenta para la fijación del salario mínimo es la producida por el aumento de la demanda de mano de obra. El análisis es bastante sencillo. Si el alza de las tasas de interés cumple su cometido, debe bajar la inflación. La meta de inflación en Colombia es 4%. Hoy está por encima del 10% y se espera que siga bajando en 2024 hasta aproximarse al 4%. Si se hiciera un incremento salarial por encima del 10% se produciría un exceso de liquidez en la económica y por consiguiente inflación. Pedir un 18% de incremento salarial como lo están haciendo los gremios es un absurdo. Si queremos una corrección seria de un problema estructural en la economía, el incremento debería ser por debajo del 10%.
Lo ideal en un país como Colombia es flexibilidad laboral, aunque conlleve precarización, para permitir que empresas pequeñas y medianas puedan contratar mano de obra conforme a sus necesidades operativas y capacidad financiera. Muy probablemente una microempresa no puede contratar 3 personas con salario mínimo como es fijado hoy, pero si podría contratarlas si no tuviera esa camisa de fuerza y pudiera negociar directamente las condiciones con los empleados. Si al potencial empleado no le sirven las condiciones propuestas, tiene la opción del rebusque o comenzar su propia empresa o recibir subsidios del gobierno.
¿Cómo termina toda esta película?