A través de la columna “Con licencia para truncar” del pasado 5 de abril, advertí sobre la posibilidad de que el proyecto inmobiliario que se viene construyendo a la entrada del barrio El Líbano, estuviera localizado en una zona de expansión urbana.
Esta inquietud fue corroborada por parte de funcionarios de la Secretaría de Planeación Distrital al periódico El Informador, el que al respecto publicó el 15 de abril; “Licencia de construcción en obra a la entrada de El Líbano está viciada [...]. La Secretaría de Planeación constató la documentación de un proyecto residencial al inicio de la prolongación de la avenida del Libertador y encontró que no cuenta con plan parcial, requisito necesario por estar en zona de expansión urbana”.
Pese a la gravedad de los hechos, después de pasar más de dos meses desde que la autoridad de Planeación reconoció públicamente el vicio del Acto Administrativo en cuestión, aún se desconocen cuáles son las medidas de control urbano que la entidad distrital ha implementado; cómo tampoco cuales son las acciones que en materia de planificación se van a adoptar para garantizar el desarrollo ordenado de dicha zona de expansión, en función de dar respuesta a las demandas de servicios urbanos que inminentemente se van a generar en el corto y mediano plazo, a partir de la construcción que irregularmente fue autorizada.
Además de la irregularidad, estas circunstancias han dejado entrever la preocupante desarticulación institucional que existe alrededor de la planeación de la ciudad, lo que obliga a preguntar, ¿cuál es el rol que está desempeñando la Secretaría de Planeación frente al control urbano?, tanto en el proceso de expedición de una licencia de construcción como en el proceso de construcción, como tal. Por otro lado, inquieta saber ¿cuál es la responsabilidad y alcances de las actuaciones de los curadores urbanos frente a estos procesos?, ya que estos ejercen funciones públicas y por tanto no pueden actuar como ruedas sueltas y mucho menos tomar decisiones que vayan en contra de los intereses de ciudad.
Irregularidades como ésta, pueden significar un litigio desgastante y oneroso para el Distrito, toda vez que el constructor tramitó una licencia de construcción que le fue aprobada, lo cual se traduce en un derecho adquirido; esto sin embargo, no puede estar por encima de los intereses generales de la ciudadanía con respecto al desarrollo urbano legal. En virtud de esto, la entidad debe explorar oportunamente acciones que permitan subsanar el eventual daño sobre el desarrollo urbano, de manera que se facilite la armonización de lo construido irregularmente con lo proyectado.
En lo que respecta al sector inmobiliario local, este caso no ha merecido ningún pronunciamiento de su parte, pese a que el curso de esta situación, ha puesto en evidencia la inestabilidad jurídica para los constructores e inversionistas en general, quienes a falta de un Plan de Ordenamiento Territorial actualizado y después de haber sido derogadas por parte del anterior Secretario de Planeación, varias de las normas que venían regulando sus intervenciones; quedan expuestos a la incertidumbre y porque no decirlo, a las mafias que se escudan tras el limbo urbanístico que es producto de las fallas orgánicas de la institucionalidad.
Todos estos elementos deben darnos a los samarios una aproximación sobre el fuerte impacto que este tipo de irregularidades tienen en el territorio. Tenemos que partir del hecho, de que traen consigo un crecimiento urbano desordenado e insostenible, y que los costos derivados los asumimos por la vía de la deficiencia en la prestación de servicios públicos - energía, acueducto y alcantarillado -, de la precariedad de las vías urbanas, la insuficiencia del sistema de transporte, entre otros aspectos.
Nuestra indiferencia ante estas irregularidades, viene contribuyendo a que la ciudad de Santa Marta esté al límite de un colapso social, urbanístico y ambiental, lo que irremediablemente va a impactar de forma directa nuestra calidad de vida y la de generaciones futuras, pues los efectos de estos deterioros no se corrigen de un año a otro.
Seguramente este caso es apenas la punta del iceberg. Le corresponde a las autoridades y entes de control, realizar las investigaciones y tomar las acciones pertinentes.