La desigualdad en Colombia (I)

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Escrito por:

Eduardo Verano de la Rosa

Eduardo Verano de la Rosa

Columna: Opinión

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Colombia es un país desigual, mídasele como se le mida: en distribución de tierras, concentración de las cuentas bancarias, oportunidades de trabajo y actividades económicas, por solo citar unas variables.

En el libro “La desigualdad en Colombia”, que reúne escritos valiosos de José Antonio Ocampo, Mauricio Cabrera, Amylkar Acosta, Juan Manuel López, Beethoven Herrera, Bernardo García, Julián Messina y Joana Silva, se confirma que desde el siglo XIX el manejo del país se ha basado en la exclusión, y nunca la desigualdad económica ha hecho parte de una política pública que comprometa el manejo del Estado.

Según el reconocido economista Simon Kuznets, “la desigualdad es el precio propio antes de un despegue económico de un país”. Explicación que muchos de los autores citados no comparten porque los pueblos sobrellevan la pobreza, pero no toleran la desigualdad.

Colombia ha tenido una reducción en los índices de pobreza monetaria (gasto mínimo per cápita para vivir) y pobreza multidimensional (mide 3 parámetros: educación, salud y bienestar social), pero se ha estancado en la redistribución del ingreso, fenómeno en el que más se debe trabajar.

Los años 80 fueron de poco avance para el crecimiento económico y la repartición de riqueza. Se consideró una ‘década perdida’, a pesar de que Colombia tuvo mejor desempeño que el resto de países latinoamericanos.

Nos quedamos en la discusión sobre la pobreza y distribución del ingreso, y muchos defienden, desde la aparición del libro de Thomas Piketty, la teoría de hacer crecer la torta para después –no se sabe cuándo– distribuir la riqueza, proceso que nunca llega y profundiza las brechas sociales.

Este autor, especialista en desigualdades económicas, concluye en su libro “El capital en el siglo XXI”, que Colombia es uno de los países más desiguales en América Latina y el cuarto del mundo.

La búsqueda de la equidad ha sido la más importante meta de la Agenda 2030 que adoptó la ONU, como también fue la principal preocupación de nuestra Constitución del año 91, al acoger el Estado Social de Derecho con su principio básico de igualdad de todos los hombres y definir el objetivo de la Justicia Social como una obligación real del Estado.

Las desigualdades no son solamente de carácter económico, también hay desigualdades étnicas, intrarregionales y de concentración de la tierra que tienen raíces históricas en la Colonia.
La distribución de los frutos del crecimiento económico, debe ser la principal tarea y el objetivo del Estado. Sin embargo, muchas veces la economía de la economía mantiene un sesgo concentrador de los beneficios económicos se que producen en muy pocas manos lo que aumenta la desigualdad.

Los grandes beneficiados del desarrollo económico fueron tanto los empresarios como los trabajadores con niveles educativos más altos, por eso se pregona la demanda de una mano de obra más calificada por parte del Estado, y se considera la pobreza como un problema estructural que se origina por una distribución inequitativa de los activos de la economía.

Se soluciona el tema de la distribución del ingreso a través del manejo del gasto público social, producto del resultado de la Constitución del 91, que lo llevó del 7 % del PIB en 1990 al 17 % en los primeros años del siglo XXI, y que comenzó a reflejar un aumento en la cobertura de los servicios sociales, produciendo una redistribución secundaria del ingreso de una manera positiva.

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