Impuestos y cianuro

La teoría económica es muy clara al respecto, lo que implica que algún consenso académico subyacente debe de haber:

la desigualdad al interior de una sociedad dada tiene necesariamente que ver, además de otros factores menos evidentes, con lo que se materializa a través de la imposición de cargas tributarias diferentes a unas y a otras capas poblacionales. En virtud de ello, existen, a efectos de la redistribución de la riqueza, dos grandes clases de impuestos, que, por lo demás, a su vez constituyen sendas categorías antagónicas entre sí. Se trata de palabras que se han escuchado con frecuencia últimamente: los impuestos progresivos y los regresivos.

Un impuesto progresivo es uno cuya base teórica es muy simple: a mayor ingreso, mayor gravamen. El ejemplo clásico, dicen, es el que se causa por la renta. La crítica obvia a este tipo de tributo, a pesar de su aplastante lógica interna, está representada en una monserga más bien falaz (¿argumento ad consequentiam?), pero muy extendida, sobre todo en Colombia: el crecimiento económico se desincentiva si se grava el hecho de producir plata. Es decir, en el entendido de algunos: “¿Para qué he de esforzarme en conseguir capital si el Estado de todas formas me lo va a quitar (y con ella se lucrarán corruptos, o se pagará la manutención de gente que no trabaja, y además yo dejaré de crear empleo y entonces el país se irá a la quiebra)?”.

El problema de esta tesis es que, por más que a alguien no le guste “mantener a otros”, o que se crea el “motor de la economía de la nación”, no es veraz suponer que ese mismo es el único capaz de adinerarse, simplemente porque ya lo está. Tal es el espíritu que anima a todo aquel que se atreve a decir que se siente desincentivado por tener que pagar el impuesto del ejemplo. Pero no: la razón de ser de los tributos es una de básica justicia distributiva (sustento de la propia democracia que, en primer término, permitió jurídicamente a ese rico imaginario acceder a sus bienes). Así, asumir que solo unos pocos pueden poseer fortuna sería validar indirectamente el inmovilismo social, que es lo que ha venido concretándose desde hace mucho en Colombia.

En el otro lado están los impuestos regresivos, como el IVA a la canasta familiar. Estos ya atacan cualquier idea que se tenga de las tributaciones como medio de redistribución de la riqueza. Prácticamente, son un desarrollo de la falacia de que me ocupaba arriba: se les cobran menos contribuciones a los que más ganan, ¡y más a los que menos! Es como si el Estado dijera: “A ti, amigo industrial, que eres el corazón de la producción nacional, te bajo los impuestos; mientras que, a ti, trabajador (o desempleado), por no poder tomar las decisiones que tomo, te impongo más obligaciones fiscales”. ¿Resulta esto familiar? Si no, solo hay que ver las noticias. Es esto lo que está intentando hacer con la comida, por estos días, el Gobierno en el Congreso.

¿Es posible que, en un país en que la inequidad se impone orgullosa en la gestión de los asuntos públicos, se cometan asesinatos que parecen accidentes? Sí, es posible. ¿Existe alguna probabilidad de que las misteriosas muertes de personas incómodas tengan vasos comunicantes con los beneficiarios de las inmensas exenciones tributarias que perjudican a los que menos tienen? Sí, existen suficientes. El fallecimiento algo repentino de un enfermo testigo en los procesos judiciales por la corrupción de Odebrecht en Colombia, y de su hijo, envenenado, dos días después, no permite dar respuestas distintas. La injusticia es un tóxico peor que el cianuro.

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