“La soberanía no se hace a partir de los alegatos jurídicos sino desde las provincias que ven menguado su devenir por decisiones centralistas que no auxilian las deficiencias en las necesidades”.
Desde el año 2012 conocemos la posición de la Corte Internacional de Justicia -CIJ-, en el entendido de despojarnos más de 75.000 kms. de mar con el que contábamos en nuestra cartografía, y del cual veníamos ejerciendo soberanía hace más de 200 años. Actos de señor y dueño que fueron ratificados por el tratado Esguerra-Bárcenas o tratado de 1928.
Colombia durante su trasegar republicano ha estado inmerso en disputas tanto internas como externas. Y es de no creer que bien sea por malos negocios –como la venta de Panamá- como por una diplomacia paupérrima hemos perdido costas tan importantes como el golfo de Coquivacoa con Venezuela y ahora, la porción de mar a Nicaragua. Como quien dice, después de 2012 nos volvieron a dar otra bofetada.
Los diferendos sobre límites marítimos desde el punto de vista diplomático no han sido los más provechosos a pesar de poseer una tradición jurídica importante tanto de respeto a las normas internacionales como de estudiosos del Derecho exterior.
Muy difícil de contrarrestar los señalamientos que culpan a los defensores de Colombia y al actual gobierno por no ejercer una defensa técnica en la materia; se notó de bulto la falta de sentido en pretender solamente que desde un escritorio se podría resolver un conflicto limítrofe.
La soberanía no se hace a partir de los alegatos jurídicos sino desde las provincias que ven menguado su devenir por decisiones centralistas que no auxilian las deficiencias en las necesidades de sus raizales y grupos étnicos como en el caso de San Andrés. Ahora, compartir la derrota del fallo con todos los estamentos sociales y políticos no es la salida más decorosa que podría asumir el gobierno del Presidente Santos. Cuando se produjo en 2012 la primera decisión de la CIJ debimos tomar cartas en el asunto respecto a lo que sucedía. El ciudadano de a pie siente que los abogados que defendían al Estado colombiano -a pesar de sus jugosos contratos- no desarrollaron su capacidad jurídica para convencer al Gobierno Nacional de tomar medidas con lo que posteriormente se venía y al final sucedió.
Lo que impone con las resultas del proceso, es que los tratados suscritos por Colombia sean revisados y actualizados para adaptarlos a las diferentes circunstancias históricas que se van presentando conforme va evolucionando el tiempo, para no caer en este tipo de procesos que tienen como fundamento rigorismos jurídicos muchas veces no acordes con la actualidad colombiana.
La lucha que muchos sanandresanos deben dar ahora tras más de 200 años de soberanía del Estado colombiano, resulta difícil en la medida que no fueron escuchados ni tenidos en cuenta por las alegaciones en el juicio contra Colombia.
A pesar de que la institucionalidad funciona en la isla, un rosario de necesidades sacude a sus más de 75.000 habitantes que no saben a quién pedirle auxilio cuando se tocan temas relacionados con los servicios públicos, la seguridad y la educación.
En gracia de discusión, si las decisiones contra Colombia se han venido tomando en derecho y justicia, allí también, ha venido influenciando con ahínco desde hace años el Foro de Sao Paulo a favor de intereses del gobierno de Nicaragua, lo que indica que ha habido presiones indebidas, no calculadas ni denunciadas por nuestro gobierno y sus apoderados.
Esquirlas: Una vez terminado el Festival Francisco el Hombre y las presentaciones, con razón la Unesco lo elevó a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, urge plan de salvaguarda como lo manifestó en el Foro-concierto Rosendo Romero.