¡Administrando el riesgo!

Columnas de Opinión
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Escrito por:

José Lafaurie Rivera

José Lafaurie Rivera

Columnista Invitado

e-mail: jflafaurie@yahoo.com

Esta semana concluyó el estado de excepción, que otorgó facultades extraordinarias al Presidente para atender la tragedia invernal. La reflexión de fondo, pese a la abundante legislación que, sin duda, aproxima una respuesta estatal a problemas añosos del sector agropecuario, es que el país está en mora de diseñar una política de Estado en materia de gestión del riesgo, en donde todo está por hacer. Sólo basta una mirada a la dinámica de los seguros agropecuarios. Una herramienta clave de ese engranaje, de cara a un reglón productivo intrínsecamente riesgoso.

Aunque el mecanismo fue creado hace casi 20 años -Ley 69 de 1993- y a pesar de existir un subsidio del 60% para los seguros agropecuarios, las primas pagadas no llegan a 0,0022%, como proporción del PIB, mientras que en el mundo alcanzan un 0,015%, según Fasecolda. Se utiliza menos del 50% del presupuesto para los subsidios del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios y sólo está asegurado el 1% de las hectáreas cultivadas, mientras que en Estados Unidos llega al 75% y en Argentina al 38%. Con un agravante, la escasa oferta está en manos de 1 de las 45 aseguradoras y los amparos apenas cubren riesgos hidro-meteorológicos agrícolas, dejando por fuera los pecuarios, acuícolas y forestales.

A la recién creada Dirección Nacional de Riesgos Agropecuarios, le corresponderá calibrar los riesgos y sus protecciones en su justa proporción. Las medidas tendrán que pasar por incorporar la totalidad de los productores del territorio nacional, con prioridad para los pequeños y medianos, si lo que se pretende es proteger la economía de los productores, las familias y las comunidades rurales, amortiguar los efectos sobre la pobreza que dejan las adversidades y garantizar la seguridad alimentaria.

De suyo, tendrá que intervenir el mercado de los servicios financieros rurales que, como en el caso del crédito, mantiene trabas que no pueden eliminarse con buenas intenciones o legislación. Para el sector sería deseable que, más allá de las coberturas climáticas -heladas, sequías, granizo o inundación-, existiera una oferta competitiva con amparos para la producción, los productores y trabajadores, que no estuviera atada a la asignación de un crédito, que de por sí implica una medida de exclusión, dado que menos del 20% de los productores tiene acceso a éste.

Tras los estragos del invierno, sabemos que el sector necesita coberturas sanitarias y contra adversidades biológicas -plagas, enfermedades, muerte súbita de animales-, así como para riesgos comerciales, en especial, los derivados de variaciones en los precios de insumos. No menos importantes resultan los amparos en temas logísticos como el transporte bovino, de carne en canal y de leche, y en aspectos operativos como la protección de maquinaria e innovación tecnológica, por ejemplo, para el acopio de leche o para desarrollos como ensilaje, henificación y henolaje, -que habrían sido vitales para soportar las "vacas flacas" de esta ola invernal- y, por supuesto, pólizas antiterrorismo y hasta un Soat rural.

No obstante, lo que esperamos es que ésta sea sólo una de las piezas de una Política Nacional de Prevención de Riesgos y de Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios y Forestales, que debe ir más allá de las medidas asistenciales de emergencia, que son onerosas en términos fiscales y sólo llegan para apagar incendios.

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