Los pueblos en este departamento tienen una particularidad en el ámbito jurídico. Muchos delitos, poca atención del Estado. El defensor de Derechos Humanos, Lerber Dimas señala que, “no hay una plataforma de justicia que sea lo suficientemente robusta para investigar, castigar o para sancionar a los responsables de este tipo de delitos”.
Uno de los temas con más impacto en estos territorios a parte del desplazamiento forzado y los asesinatos, muchos de ellos sin justicia para los responsables, es el abigeato o robo de ganado; el mismo que suma 33.650 casos en los últimos 14 años, según la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan).
Sin embargo, esta cifra no parece ser alarmante para las autoridades del departamento, puesto que, las denuncias quedan en el papel que suman cifras, pero nunca arrojan resultados favorables para los afectados. Por menos, no los suficientes, ni los eficientes.
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La ganadería, es una de las principales actividades en el sector rural y que contribuye a un 25,22% del total del Precio Interno Bruto (PBI) agropecuario, y el 1,46% del nacional, según el acumulado del segundo trimestre del año 2023. Para la mayoría de los municipios del Magdalena, la carne y la leche son la mayor productividad, después de la agricultura.
Ignorados por la justicia
Para mediados de septiembre del año pasado, un ganadero de la zona rural del municipio de El Piñón, Magdalena, llegó hasta la inspección de la Policía del municipio de Pivijay para denunciar el robo de 13 cabezas de ganado que misteriosamente desaparecieron, ya que en su propia localidad no le dieron ninguna respuesta, de la misma inexplicable manera que meses atrás había sucedido con otro campesino de un pueblo aledaño.
“Me encuentro desesperado. La pérdida ha sido grande y más aún cuando se tiene ganado ajeno, nosotros vivimos de esto, aquí es donde se invierte para luego sacar ingresos para sostenerme y a mi familia que tengo. No he encontrado respuesta por ningún lado, solo me dicen que sin evidencias no pueden hacer nada, eso es una pérdida de tiempo” dijo una de las víctimas.
Ante esta situación, los habitantes de estos pueblos optaron por investigar de manera autónoma el paradero de sus ganados o los responsables de tales robos, pero nunca pudieron obtener siquiera una señal que les diera esperanza de encontrarlos, aparte de no poder ir más allá por temor a exponer sus propias vidas, teniendo en cuenta que son zonas donde la violencia impera sobre la ley.
Ahora bien, ¿por qué no hay soluciones efectivas en este tipo de procesos judiciales en los corregimientos del Magdalena? ¿a quién o a quiénes se debería recurrir para obtener ayuda en este tipo de delitos?
Faltan de una plataforma de justicia
Según Lerber Dimas, líder social, Defensor de los Derechos Humanos y Antropólogo de la Universidad del Magdalena, señaló que, la aplicación de la justicia en el departamento es un proceso complejo debido a no estar todo el pliego de delitos incorporados.
“Si se analiza desde la perspectiva más urbana del Magdalena, como Santa Marta, Ciénaga o Fundación, se alcanza a mirar una lamentable carencia de efectividad en estos avances judiciales”, dijo Dimas.
Así mismo afirmó que, en el marco de la justicia del departamento hay un gran número de casos de abigeato sin ser denunciados, y no precisamente por la negligente atención, sino por la ausencia de estrategias pocas viables y efectivas que permitan hacer más visible el lamentable panorama de estos sucesos.
“No es que existan faltas de denuncias, es que no hay una plataforma de justicia que sea lo suficientemente robusta para investigar, castigar o para sancionar a los responsables de este tipo de delitos, inclusive, ni siquiera para perseguirlos”, argumentó el Líder social.
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Por otro lado, un factor más que agrava la complejidad de este asunto está dirigido a los recursos y herramientas con las que se cuenta en cada centro de Inspección de Policía en estas ruralidades, puesto que la infraestructura, equipos tecnológicos y personal penitenciario son precarios y no abastecen las necesidades que emiten las víctimas.
Es por ello que, el panorama resulta ser caótico mientras los gobernantes no implementen en su plan de desarrollo mecanismos de mejorías y fortalecimiento competitivo, no solo en la comunidad de profesionales en esta área como cuerpo de policía, fiscalía etc., sino también de los elementos necesarios para agilizar y amplificar las respectivas investigaciones.
Créditos:
Yerlys Salas Borja
Periodista de EL INFORMADOR
