El exgobernador de Cundinamarca, será llevado tras las rejas luego que un juez legalizara captura por el CTI, luego que intentó sobornar fiscales para desviar investigación por carrusel.
Álvaro Cruz, llegó fuertemente escoltado por funcionarios del CTI de la Fiscalía para las audiencias judiciales por la investigación en su contra por el carrusel de la contratación.
Según el fiscal del caso, Juan Vicente Valbuena, no solo le imputarán cargos por irregularidades en la contratación sino por un intento de soborno a varios fiscales para supuestamente desviar la investigación.
De hecho, se pudo establecer que uno de los testigos será el propio vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, quien denunció personalmente la irregularidad.
Le imputarán los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de confianza. En este caso también están involucrados el procurador judicial Hernan Jovel Muñoz y la esposa del exmandatario departamental Luz Zoraida Roso. El fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Vicente Valbuena, solicitó que se cite a una nueva audiencia para la imputación de cargos.
El fiscal general Eduardo Montealegre explicó que la captura del exgobernador se dio porque pagó 2.000 millones de pesos a un Procurador para que intentara interferir ante los funcionarios de la Fiscalía.
Cruz deberá responder por interés indebido en la celebración de contratos y cohecho y abuso de confianza calificado. Según fuentes del CTI, Cruz se encontraba en Santa Marta.
El exgobernador, según las investigaciones, habría pagado un soborno de 800 millones de pesos para poder obtener un contrato en la Unidad de Mantenimiento Vial, en el 2009, durante la alcaldía de Samuel Moreno, a través de su firma ICM. Se trata del contrato 193 del 2009, por unos 24.000 millones de pesos, para el suministro de asfalto.
El soborno habría sido girado a los entonces concejales Hipólito Moreno, Orlando Parada y Andrés Camacho, quienes ya fueron condenados por su participación en el 'carrusel'.
