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Defensoría entrega hoja de ruta a alcaldes para incluir derechos humanos en planes de desarrollo

Son más de 200 recomendaciones hechas por la Defensoría, atendiendo a su compromiso permanente con la promoción y protección de los derechos humanos en todas las regiones de la geografía colombiana.

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La Defensoría del Pueblo presentó a la Federación Colombiana de Municipios una hoja de ruta para que los 1103 mandatarios locales incorporen en sus PDT la protección y garantía de los derechos fundamentales.

El objetivo es la construcción de soluciones integrales, desde las políticas públicas locales, a problemáticas que afectan a las comunidades en las distintas regiones de la geografía nacional, como las dificultades en el acceso a servicios públicos básicos y a los derechos a la salud, educación, vivienda, entre otros.

“En nuestro propósito continuo de contribuir al desarrollo de las regiones, en la Defensoría del Pueblo diseñamos una cartilla para que en los Planes de Desarrollo Territorial sea aplicado un enfoque basado en derechos humanos”, asegura el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El documento, pionero en la incorporación de la visión de derechos en las acciones trazadas por los alcaldes, el cual fue entregado a los integrantes de la Federación Colombiana de Municipios, en Cartagena (Bolívar), tiene como finalidad que los 1103 mandatarios locales, ahora que llevan dos meses en sus cargos, lo asuman como una hoja de ruta o guía, de fácil comprensión, que le aporte al diseño de sus Planes de Desarrollo Territorial (PDT).

“En el texto explicamos de manera práctica la aplicación del enfoque de derechos, con el objetivo de que sean construidas, desde la política pública local, soluciones integrales a problemas que afectan a las comunidades, como las dificultades en el acceso a servicios públicos básicos y en la protección del derecho a la salud, del derecho a una educación de calidad, entre otros”, recalca Camargo Assis.

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La guía es una estrategia con la que la entidad, con el concurso de sus 42 Defensorías Regionales y su ‘delegada para las Regiones y Articulación Territorial en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario’, va a apoyar a los burgomaestres en lo que esté a su alcance.



“Nuestro fin es que puedan ser diseñados Planes de Desarrollo que respondan estructuralmente a lo previsto por los mandatarios municipales, en sintonía con el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la protección y garantía de los derechos”, subraya el Defensor del Pueblo de los colombianos.

La importancia del trabajo en equipo

La unión y el trabajo en equipo de la Defensoría del Pueblo con las administraciones locales, la Federación Colombiana de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos serán determinantes en el propósito de la institución nacional de derechos humanos de lograr resultados en beneficio de las comunidades.

“Es una estrategia de prevención, promoción y divulgación de los derechos humanos en temas específicos en los territorios. Razón por la que formulamos varias recomendaciones, para que los alcaldes las implementen en sus Planes de Desarrollo”, indica Carlos Camargo Assis.

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Algunas de las recomendaciones

Una de ellas es la ejecución de programas de capacitación y formación dirigidos a actores relevantes en materia de DD. HH. En relación con los derechos económicos, sociales y culturales, es imperativo diseñar y poner en funcionamiento programas que aborden las brechas en cobertura y calidad educativa.

“También es necesario crear mecanismos eficaces que garanticen la protección de las mujeres que puedan tener en riesgo su vida e integridad, así como diseñar rutas y protocolos de atención para víctimas de violencias basadas en género”, enfatiza el Defensor del Pueblo de los colombianos.

Así mismo, asegurar el derecho a la vivienda digna en zonas rurales y urbanas y promover, con un plan de seguridad alimentaria y nutricional, el acceso a alimentos. Adicionalmente, acompañar los procesos de restitución de tierras, retorno y reubicación de poblaciones en situación de desplazamiento.

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De igual forma, mejorar de manera integral el sistema penitenciario, hacer realidad en los territorios políticas públicas enfocadas en la prevención del reclutamiento y la violencia sexual y actualizar las políticas de juventud.

“No podemos dejar a un lado la promoción y asignación de partidas presupuestales con enfoque étnico, destinadas al desarrollo de programas, planes y proyectos que beneficien a esos grupos poblacionales, para que les reconozcan su importante aporte a nuestra riqueza cultural y social”, expresa Camargo Assis.

 






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