Una deuda de 123 mil millones de pesos tienen los 33 hospitales del Magdalena, de acuerdo con los balances correspondientes al cierre de 2016. Pese a la situación, la Gobernación insiste en que no es necesaria una liquidación y que trabaja en la recuperación del sistema.
La Red Prestadora del Servicio de Salud en el Magdalena no está ajena a la crisis que existe a nivel nacional. Desde hace años se advierte que los hospitales del Departamento están “en emergencia”. Pero desde el año pasado se insiste en que la situación ya pasó a “cuidados intensivos”.
Manuel Navarro, secretario de Salud del Departamento, admite que existen dificultades financieras en el sector. Indica que la deuda de los hospitales se ubicaba en 123 mil millones de pesos al cierre de diciembre de 2016. El monto incluye a todas las instituciones de salud pública del Magdalena, entre ellas las descentralizadas.
La Red Prestadora del Servicio de Salud está compuesta por 33 hospitales, dentro de los cuales seis son descentralizados: Chibolo, Salamina, El Piñón, Santa Ana, Samuel Villanueva de El Banco y el de Baja Complejidad de Fundación, los cuales son responsabilidad de los alcaldes de los respectivos municipios.
Los otros 27 recintos médicos son responsabilidad de la Gobernación, dentro de los cuales hay cuatro que tienen una situación de “alta complejidad financiera”. Estos son: La Candelaria de El Banco, Luisa Santiaga Márquez de Aracataca, el de Cerro de San Antonio y el de Remolino.
Pese a las dificultades, que hacen que incluso luzca inviable el sostenimiento de los cuatro centros de salud, la Administración Departamental insiste en que no habrá un proceso de liquidación de los mismos, sino que todos los hospitales del Magdalena están sometidos a un proceso de recuperación.
Las medidas
“La red hospitalaria está en un proceso de recuperación financiera, tenemos hospitales que están dentro del Programa de Gestión de Riesgo con Supersalud, cuatro que están en un programa de saneamiento fiscal y financiero con el Ministerio de Hacienda, se han hecho visitas en todos para hacer depuración de carteras y se han realizado gestiones de recaudo”, asegura Navarro.
Dentro de las gestiones resalta la que hizo la gobernadora Rosa Cotes ante Caprecom, con la que se gestionó el pago de 43 mil millones de pesos que tenía pendiente esa EPS en liquidación, monto que entró a las cuentas de los recintos de salud.
“El Departamento también se acogió a la medida de giro directo, eso quiere decir que los recursos para la financiación del régimen subsidiado ya no van a las EPS, sino directamente a los hospitales para el pago de la prestación de los servicios. Eso mejora el flujo de recursos”.
El funcionario sostiene que tanto al Secretaría como las juntas directivas de los hospitales realizan un seguimiento para contener los gastos de tales centros médicos, para tratar que los mismos no excedan lo estrictamente necesario para garantizar un servicio de calidad.
“Se realiza todo un trabajo que es múltiple y articulado entre la Secretaria de Salud, los gerentes de los hospitales, las juntas directivas, el Ministerio de Salud, la Supersalud, que nos han permitido mejorar la situación financiera de los hospitales y fortalecer los programas que tenemos”.
Programas de
nutrición
Entre los programas ejecutados por su cartera, Navarro destaca los relacionados controles de crecimiento y desarrollo, que van de la mano con la prevención de mortalidad infantil por desnutrición.
“Tenemos programas estructurados que nos han permitido hacer diagnósticos oportunos de niños con alguna deficiencia nutricional o en riesgo de estarlo. Trabajamos articuladamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Procuraduría, Defensoría, personeros, entre otras instituciones, haciendo mesas trabajos en los municipios donde participan todos los actores del sistema”.
A la fecha, el Departamento ha identificado y atendido a 102 pequeños con riesgo nutricional. “Se diagnosticaron oportunamente, están en proceso de recuperación y tienen asistencia de profesionales. Los municipios que ha hecho un trabajo importante en las búsqueda de casos son Cerro de San Antonio, Ciénaga, Nueva Granada, El Banco y Ariguaní”.
Hizo un llamado de responsabilidad a los padres de familia, para que lleven a sus hijos a los controles de crecimiento y desarrollo en los hospitales o reportar los casos de posible mal nutrición de sus pequeños. “La responsabilidad primaria es de la familia, no solo del Estado, la Gobernación, o el Icbf. Si la madre ve que el niño tiene alguna deficiencia, debe llevarlo a atención y valoración, así es más fácil incluirlos en los planes de apoyo que son gratuitos”.
Daniela A. García Gómez.Daniela A. García Gómez.Redacción EL INFORMADOR
