Los concejales de la Comisión Segunda Permanente estudiarán el proyecto para su aprobación.
El presidente de la Comisión Segunda del Concejo, Carlos Pinedo, radicó el proyecto de acuerdo 006 de 2019, por medio del cual se deroga el acuerdo 029 de 2018 que otorgó facultades al alcalde de Santa Marta Rafael Martínez para comprometer vigencias futuras excepcionales por 892 mil millones de pesos, el pasado 28 de diciembre, para financiar los proyectos de inversión a ejecutar por la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar.
“Se presentó el proyecto de acuerdo 006 de 2019 para derogar las autorizaciones que dimos el 28 de diciembre del año anterior, donde le dábamos autorizaciones al señor alcalde para comprometer vigencias futuras alrededor de 890 mil millones para darle solución a la problemática que hoy existe en la ciudad”, dijo Pinedo.
El concejal también dijo que la decisión de presentar este proyecto se generó debido a las diferencias de conceptos entre la administración del alcalde electo Rafael Martínez y Andrés Rugeles como alcalde encargado
La Comisión Segunda Permanente del Concejo será la encargada del estudio y aprobación del citado proyecto, para lo cual fueron designados como ponentes para primer y segundo debate el presidente del Concejo Jaime Linero y el concejal Carlos Mario Mejía.
Frente a las consecuencias generadas por esta derogación, el concejal Pinedo indicó que, “nosotros teníamos la ilusión cuando dimos las autorizaciones de que se le pudiera dar una solución de agua o por lo menos mitigar la problemática que se venía presentando en el Distrito, pero dadas las circunstancias esto no se va a poder”.
Asimismo continuó diciendo: “La inversión en agua en los próximos años es nula, dejemos de estar generando una expectativa que no es, si mañana se derogan los recursos que hoy han sido motivo de tanta controversia en el Distrito, solución de agua por todo este tiempo no va haber, tenemos que acomodarnos a lo que está”, concluyó el cabildante.
Procuraduría demandó el acuerdo
A comienzos de abril del presente año, la Procuraduría General de la Nación le puso la lupa a la aprobación de las vigencias futuras y anunció sanciones en contra de aquellos cabildantes que decidieron dar su voto positivo a la iniciativa.
El jefe de cartera del Ministerio público, Fernando Carrillo, dijo que el acuerdo sería demandado por lo que se solicitó al juez séptimo medidas cautelares de urgencia y de suspensión provisional del acuerdo, por violación del ordenamiento legal.
“Nosotros teníamos la ilusión cuando dimos las autorizaciones de que se le pudiera dar una solución de agua o por lo menos mitigar la problemática que se venía presentando en el Distrito, pero dadas las circunstancias esto no se va a poder”.
