La Administración distrital de Santa Marta, representada por Carlos Caicedo Omar, ya inició las actuaciones pertinentes ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y ante la Fiscalía General de la Nación,
para establecer si en tales dependencias cursan indagaciones en contra del magistrado Jorge Pretelt y al ex - magistrado Rodrigo Escobar Gil, respectivamente, por cuenta de la sentencia de tutela T-1082 de 2012, a efectos de que el Distrito de Santa Marta, pueda reclamar perjuicios económicos derivados de la acción de tutela interpuesta por la sociedad Recaudos y Tributos S.A., propiedad del Grupo Español INASSA, que le impidieron recuperar la soberanía tributaria de la ciudad, la cual sólo pudo hacerse efectiva a partir del mes de mayo de 2015.
La historia
La Administración distrital, inició en el 2012, una actuación administrativa tendiente a terminar anticipadamente por razones de ilegalidad el contrato 092 de 2002, frente a lo cual, la firma R y T, contrató los servicios profesionales del ex - magistrado Rodrigo Escobar Gil, quien interpuso tutela en contra la entidad. Más tarde, la tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional y le correspondió por reparto al Magistrado Jorge Pretelt. La tutela 1082 de 12 de diciembre de 2012, señaló que el Distrito de Santa Marta, no podía terminar unilateralmente el referido contrato y que ineludiblemente debía acudirse ante la justicia administrativa.
La entidad, oportunamente, radicó solicitud de nulidad, la cual por la intervención decidida de la Sala Plena de la Corte Constitucional, sólo vino a resolverse en el mes de mayo de 2014 y finalmente, 5 meses más tarde, se profirió la Sentencia SU772 de 14 de octubre de 2014, con ponencia igualmente del magistrado Pretelt, que dejó sin efectos la tutela T-1082 de 2012 y le dio la razón a la Administración en el sentido que sí se podía terminar unilateralmente el contrato 092 de 2002.
La Alcaldía Distrital de Santa Marta, en el periodo comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014, se vio obligado a pagarle a la empresa Recaudos y Tributos, una suma aproximada a los veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), con lo cual se causó una afectación a las finanzas distritales por cuenta de la sentencia inicial del magistrado Pretelt derivada de la tutela interpuesta por el ex magistrado Rodrigo Escobar Gil.
Acciones a seguir
La Administración distrital, ya está iniciando las actuaciones directamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y ante la Fiscalía General de la Nación, para confirmar si en dichas dependencias cursan indagaciones penales en contra del Magistrado Pretelt y el ex magistrado Escobar Gil por cuenta de la tutela presentada por la empresa Recaudos y Tributos S.A. y que le causó graves perjuicios económicos al Distrito de Santa Marta. De esta manera, una vez se cuente con la información del caso, la entidad, se hará parte dentro de las respectivas actuaciones para reclamar los perjuicios que le han sido ocasionados.
Esta Administración, está comprometida con la defensa de lo público y con el firme compromiso de salvaguardar la transparencia y la probidad en el manejo de los dineros públicos.
