Bogotá, 29 jul (EFE).- La Procuraduría General de Colombia suspendió por tres meses al gobernador encargado del departamento de La Guajira, Wilbert Hernández Sierra, por presuntas irregularidades en un contrato de educación valuado en 11.415 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares), informó este lunes la entidad.
El órgano de control detalló en un comunicado que pretende establecer la existencia de posibles faltas cometidas durante la suscripción del contrato con la empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones NIU TELCO S.A.S.
Con el acuerdo se buscaba el "fortalecimiento de competencias comunicativas del idioma inglés en los docentes y estudiantes de las IEO (Instituciones Educativas Oficiales) del departamento de La Guajira".
Según la entidad, el contrato se habría firmado pocas horas antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, que se aplica tres meses antes de cada elección y que prohíbe a los mandatarios locales firmar contratos e inaugurar obras públicas, entre otras acciones.
Debido a lo anterior, la Procuraduría Regional de La Guajira abrió una indagación preliminar y ordenó que se realizaran pruebas, entre ellas una visita a la sede de la empresa en Cúcuta, fronteriza con Venezuela, aunque no se encontró la dirección registrada.
"Ante estas evidencias, el ente de control ordenó el traslado del proceso a Bogotá, la apertura de investigación y la suspensión, como medida cautelar, de Hernández Sierra para evitar la reiteración de la presunta falta disciplinaria o su participación en un nuevo proceso que pueda vulnerar los principios que rigen la contratación estatal", agregó la información.
Como parte de la pesquisa, la Procuraduría busca recolectar pruebas que determinen si Hernández Sierra cometió faltas disciplinarias y solicitó información a la compañía sobre su constitución y los elementos con los que contaba para cumplir con el contrato.
De igual forma, pidió que se investigue al gobernador del departamento de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, pues al parecer "habría suscrito un negocio jurídico" similar de enseñanza en esa región.
En los últimos cuatro años, La Guajira ha contado con ocho gobernadores, entre ellos Oneida Pinto, investigada como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. EFE
