La privatización de los servicios públicos

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Cecilia Lopez Montaño

Cecilia Lopez Montaño

Columnista Invitada

e-mail: cecilia@cecilialopez.com

Para empezar esta discusión sobre la privatización de los servicios públicos, y en particular de la energía, en el caso de la Región Caribe es necesario afirmar que durante muchos años ha estado en manos de intereses particulares.

Cuando en 1998 se tomó la decisión de vender este servicio a empresas privadas, la razón fue absolutamente clara: estas empresas, supuestamente públicas, estaban realmente bajo el mandato de los barones electorales de los distintos departamentos de la Región con consecuencias funestas. No solo estaba en peligro el suministro eléctrico del Caribe sino la sostenibilidad del sistema eléctrico colombiano.

Cero o muy poca inversión en el sistema especialmente en redes; grandes deudas, cobros condescendientes, por llamarlos de alguna manera, no solo a entidades públicas sino a otros sectores relacionados con los políticos, llevaron al gobierno Samper y a sus ministros de Minas, Hacienda y a la Dirección de Planeación Nacional, a proceder rápidamente a la licitación.

Para Ministros de Minas posteriores, como Luis Carlos Valenzuela, no solo fue un excelente negocio para el Estado colombiano sino una decisión valerosa y muy oportuna. Nos costó "sangre", no solo porque nos enfrentamos a los barones electorales sobre todo del departamento del Atlántico, sino a algunas divergencias dentro del Gobierno porque estábamos ad portas del proceso electoral del 98.

Esta historia se trae a colación por la profunda frustración de ver lo que está sucediendo desde hace tiempo con la empresa que finalmente se ha quedado con el manejo de la energía en la Región Caribe. Los resultados: paros, manifestaciones, quejas y más quejas y lo peor, personas electrocutadas, obviamente pobres porque si fueran ricas ya Electricaribe estaría afuera, electrodomésticos destrozados y poblaciones en peligro o sin luz. No se sabe que puede ser peor.

Y de nuevo la culpa la tiene el Gobierno. La tuvo cuando para pagar favores clientelistas les entregó estas electrificadoras departamentales a la politiquería de los líderes regionales y la tiene ahora porque definitivamente no ha podido poner en cintura a esta empresa privada.

El Superintendente de Servicios Públicos es un hombre serio y preparado, pero algo debe pasar para que su gestión no logre que se acaben las protestas. ¿Será que en este caso, como en muchos otros, se tiene una Súper Intendencia demasiado débil para enfrentar multinacionales que han sido siempre tratadas como salvadoras así no lo sean? Será que los instrumentos de que dispone esta superintendencia son muy débiles?

Cualquiera que sea la razón, si se privatizan los servicios públicos, el Gobierno no pierde su responsabilidad de garantizar el mejor servicio posible para todos los ciudadanos sin excepción. No más electrocutados, por favor; no más costos para los pobres y no más cobros que llevan a protestas sociales. Y a ustedes señores del Grupo Gas Fenosa, ahora que su país sede, España, está atravesando tantas dificultados, no maltraten a los que ya no pueden llamar despectivamente "sudacas" porque gracias a sus utilidades en América Latina, las cosas no son peores para ustedes.

La conclusión obvia de este doloroso episodio, es que cuando se tiene una institucionalidad gubernamental débil y una visión arrodillada frente a la inversión extranjera, los que pagan el pato son los ciudadanos, especialmente los más débiles. Ojalá se pueda corregir la percepción de muchos: que al quitarle las electrificadoras a los gamonales de turno y tratar de despolitizarlas, caímos en una solución, que dadas las circunstancias, no ha sido la mejor. ¿Ahora quien podrá salvarnos?

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